El año pasado, la autoridad del tránsito impuso dos millones de multas por distintas infracciones a las normas.
Pero de ese total, apenas el 20 por ciento de los infractores las pagó, lo que viene a ser un doble ejemplo del desapego o irrespeto hacia la ley en que incurren los conductores de vehículos.
Si con una autoridad ineficiente se logró semejante registro de multas, podría calcularse que las infracciones no penalizadas triplican o quintuplican esa suma.
Esas infracciones están a la orden del día en nuestras calles y carreteras, en gran medida por la tolerancia de las autoridades frente a esa epidemia.
Muchas de esas multas son selectivas. Y a menudo, falsas infracciones.
Se “fiscalizan” a conductores por manejar sin cinturón de seguridad, pero se hacen de la vista gorda con los del concho o los de las voladoras, para no irritar a los jefes de sus sindicatos.
Se multan a conductores por ciertas infracciones, como la falta de luces y uso de gomas gastadas, pero dejan pasar a muchos en iguales faltas.
El frágil estado de institucionalidad propicia que haya un “toma y daca” entre conductores y policías del tránsito, para esquivar las multas mediante el pago de alguna “coima” o “ayudita”.
Tanto es así que muchos van a los lugares donde se saldan las multas a negociar rebajas, anulaciones u otros acomodos. ¡Con tanta suerte que hasta lo consiguen!