Aunque la cita es apócrifa, siempre queda bien recurrir a un personaje histórico u otra cultura para hacer valer un enunciado. “Que vivas tiempos interesantes” es una antigua maldición china que no tiene referencia, pero da más caché acudir a una cultura milenaria que decir que es una expresión inglesa reciente.
Parafraseando, en el ámbito de lo público una maldición dominicana sería, “Ojalá el Estado instale una oficina cerca de tu casa” (y en lo privado: “Ojalá que la hija de tu vecino estudie pedagogía y monte un preescolar al lado de tu casa”). En esencia, el problema común es el mismo: ausencia de ordenamiento territorial.
El Estado dominicano se ha convertido en un gran arrabalizador urbano. Desconocedores de que el poder es simbólico y mayestático, a lo largo de décadas muchos de sus ministros, directores y titulares de organismos autónomos han asumido una mentalidad de cuchitril al momento de tomar decisiones referidas a ubicaciones de sus oficinas, privilegiando la cercanía al poder sobre la esencia estética de la proyección de ese poder.
Si el poder fuera una colmena y el presidente una abeja reina, el Palacio Nacional sería el panal, y la proximidad a él indicaría el nivel de importancia e incidencia. En esa lógica, la mentalidad de quinto patio se impone, sacrificándose en el altar de esa colindancia geográfica cualquier criterio urbano, espacial, arquitectónico o funcional.
Así las cosas, vemos como sectores como Gascue, Miraflores, La Julia –entre otros– han sido invadidos por oficinas públicas cuyos titulares priorizan estar cerca de Palacio, por sobre todas las cosas. Restando calidad a los servicios públicos que prestan, arrastrando en el proceso a sus empleados y vecinos a una pesadilla insufrible, a transeúntes al infortunio de aceras ocupadas, parqueadores, vendedores ambulantes, etc.
El proceso no ha sido planificado o dirigido, es producto más bien –para espanto de Adam Smith– de una mano invisible que opera de manera autónoma, independientemente de presidente, partido o gobierno. Digamos más bien que es una manifestación subconsciente de la idiosincrasia política dominicana la que mueve al funcionario a tomar la decisión de alquilar o comprar, –da igual– donde mejor pueda ubicarse.
Ahora que se discute la pertinencia entre alquilar o construir oficinas, y que los futuros vecinos de la Dirección General de Pasaportes en la avenida Roberto Pastoriza se quejan –con razón– del pandemónium y degradación urbana que significará esa decisión; o la presión vehicular adicional que recibirá una avenida colapsada; toca preguntar si existe a nivel del Estado una política que regule su expansión inmobiliaria.
Para rectificar errores pasados y evitar problemas futuros, sería prudente que sea formulada una directriz que establezca criterios generales y específicos bajo los cuales, al margen de criterios económicos, una institución pública pueda ejecutar la decisión de trasladar o expandir su sede. Y es de rigor, porque el ordenamiento comienza por casa.