Todo el sistema ético occidental se encuentra estructurado sobre la “eudaimonía” (felicidad), la “aret” (virtud) y la “phornesis” (sabiduría); de tal suerte que, no es concebible en el pensamiento griego clásico la consecución de la felicidad, sin practicar la virtud; a partir de la premisa de que, en tanto “zoon politikón” (animal político), el hombre se debe a una sociedad de la que forma parte.
Aunque para Whitehead, “toda la filosofía europea consiste en una serie de notas a pie de página de las obras Platón”, sobra decir que Epícteto, Séneca, San Agustín –et al– hicieron considerables aportes al constructo de la Ética moderna; entendida esta como una “parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores” (RAE).
En el caso de la Ética Médica, su fundamento lo constituye el “Juramento Hipocrático”, así como un conjunto de principios y normas acumuladas a través de siglos de práctica, prueba y error; sintetizados modernamente en los “Cuatro Principios de la Bioética”.
Aunque la medicina difiere en años luz a la practicada en los orígenes de la humanidad, sus principios deontológicos siguen siendo los mismos. A pesar de que es una profesión capturada por el gran capital, y, a pesar de que los propios médicos han quedado atrapados en los intereses del modelo de negocio del sistema de salud; igual se deben a unos cánones milenarios que operan sobre la base de principios universales invariables, en donde procurar la salud del paciente es el objetivo, no ya del negocio sanitario, sino la razón de ser y misión de vida; donde lo económico queda relegado a un plano secundario, por una cuestión de vocación.
El verdadero crimen en SENASA –si se comprueban los supuestos de la acusación–, será haber subvertido desde una institución del Estado todo el principio de la ética sanitaria, en desmedro de la salud de los ciudadanos dominicanos, y en favor del negocio.
Más que una traición a la confianza de un presidente por parte de sus directivos, el verdadero crimen se configuraría en la relación causal entre las supuestas prácticas de corrupción de los imputados y el deterioro de la salud miles de dominicanos que vieron limitado el acceso a servicios; el encarecimiento de los procedimientos; la disminución de la calidad de los insumos; y el incremento en el tiempo de intervención, –etc. –, como consecuencia del supuesto accionar de estructuras mafiosas que operaban dentro de la institución; en componenda con algunos delincuentes de cuello blanco que operaban fuera de ella, en calidad de prestadores de servicios.
La justicia determinará qué pasó. Lo que nunca podrá determinar, son los cientos de miles de dominicanos que vieron deteriorada su salud (y algunos, hasta perdieron la vida), como consecuencia del accionar de aquellos que estaban obligados a actuar honrada y diligentemente en el manejo de la cosa pública; que se debían a un juramento; a una ética de servicio; pero –aparentemente– eligieron hacer lo contrario.