El dramático nivel del desempleo entre profesionales universitarios, con un promedio de 88,666 casos anuales del 2020 al 2023, no es una simple paradoja.
Es el síntoma de un desajuste estructural al que la sociedad debe prestarle la máxima atención.
Mientras el Banco Mundial confirma que América Latina prioriza trabajadores calificados, la «prima salarial» para estos se reduce.
Esto revela una cruda realidad: estudiar más ya no garantiza mejores ingresos, sino empleos precarios, informales o fuera del área de formación.
Un dato relevador es que la mayoría de los afectados por el desempleo son mujeres , que en términos proporcionales forman el grueso de los investidos por las universidades.
Los «Titis» –jóvenes con título pero sin oportunidades– encarnan esta crisis.
Como advierten los expertos , el riesgo es doble: se desincentiva la educación superior y crece el subempleo juvenil.
La solución, como señala el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa, exige articular la oferta académica con la demanda del sector privado, potenciando la formación técnica-profesional.
Urge entonces transformar el empleo en política de Estado, donde estadísticas, sector productivo y universidades converjan.
De lo contrario, el capital humano seguirá siendo un recurso subutilizado, y los títulos, simples certificados de espera frustrada.
El país tiene que vencer esta funesta paradoja porque es inaceptable que, a medida que aumentan los niveles de profesionalización universitaria, se reduzcan las oportunidades laborales para esos graduados.