Este Gobierno que tiene el récord de desacatos judiciales, según el Dr. Ray Guevara, en ocasión del caso de Jet Set envió una fea señal a la justicia, al declarar – falsamente el Presidente – que para la persecución de los culpables y la reparación de las víctimas, existía “ vacío legal” y, de inmediato, sin calidad para ello, pues correspondía al ministerio público, “designo” una comisión para investigar el hecho: Pero eso fue falso, nunca expidió un decreto de designación que diera competencia a dicha comisión, pero con ello contaminó el proceso dando lugar a que incluso el peritaje ordenado por la Procuraduría, este siendo cuestionado en el tribunal.
La Justicia tiene posibilidad de dos aplicaciones, una en el marco de la imposición de penas que no pasará de dos años y falta ver en qué condiciones porque el marco de la Acusación, sin importar los duros adjetivos del ministerio público, es ese y, la otra, el resarcimiento civil que se aplicaría a los bienes de quienes resulten condenados y, en este sentido está clarísimo que no habrá bienes o cuando menos, serán insignificantes cuando haya condena, primero por la cuantía y segundo porque no se impusieron medidas conservatorias adecuadas.
Si ya se tiene claro que por esa vía no hay posibilidad de justicia en la medida que aspiran la sociedad y las víctimas, al margen de la ira debíamos pasar a considerar a los demás culpables que no están encausados por el Ministerio Público: El Gobierno y el cabildo; estos son los más culpables.
La Acusación y el peritaje depositados por el Gobierno – son pruebas en su contra – y establecen meridianamente que la tragedia se debió a: 1) cambio en el uso del edificio de cine a discoteca, 2) a sucesivas modificaciones estructurales de vigas y columnas que fueron eliminadas, 3) que la edificación sufrió varios procesos de modificación en los años 2000, 2010, 2014 y 2015, sin los permisos, 4) que la reciente incorporación de pesados equipos de refrigeración y sucesivas capas de fino añadieron más de 2,880 toneladas de peso y persistentes filtraciones, 5) la existencia de enormes equipos de sonido con efecto sónico sobre la debilitada estructura que fueron objeto de múltiples denuncias y finalmente la instalación de enormes tinacos de agua y otros equipos en el techo.
En su única entrevista el Gerente declaró que las autoridades – Ministerios de, Obras Públicas y de Vivienda y Edificaciones – nunca estuvieron por ahí, no obstante que fueron edificaciones para las cuales hubo grandes acumulaciones de materiales de construcción como arena, cemento, bloques, varillas, madera y otros; tampoco estuvo el Ayuntamiento del Distrito Nacional que tiene un departamento de inspectores dedicado a las construcciones ilegales que existe precisamente para que eso no ocurra, según el Manuel de la Oficina de Planeamiento Urbano cuyo incumbente falleció en la tragedia y tampoco se tomaron medidas en ocasión el incendio sufrido que fue sofocado por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.
Desde luego que para la operación de un negocio que fue meca internacional y social del país, toque de queda cada lunes para artistas, funcionarios del Gobierno, atletas y personalidades de la sociedad, autorizaron sus correspondientes permisos los ministerios de Salud Pública, Medio Ambiente, Turismo e Industria y Comercio: Pero ninguna reportó nada no obstante las quejas que había hasta en las redes.
El “vació legal” anunciado por el presidente de la República en su infeliz comparecencia fue llenado en el año de 1944 por la Ley 675, cuando estableció lo siguiente: Art. 37.- No se podrá construir, reconstruir, ampliar o de cualquier manera alterar un edificio u otra estructura pública o privada (sin autorización del MOPC), se completa con el Art. 8 de la Ley 6232 cuando dispone que la licencia de construcción se emite “previa revisión y declaración de conformidad de las leyes y requisitos vigentes, de todos aquellos permisos relativos a cualquier tipo de construcción, reconstrucción, alteración, traslado, demolición, uso o cambio de edificios y estructuras; recientemente la normativa se completa – entre otras – con el decreto 506/06, el cual dispone que se requiere permiso “para construir, reconstruir, ampliar o de cualquier manera alterar un edificio u otra estructura privada” y desde luego, se reafirma en esta Administración mediante la Ley 160-21 que creó el Ministerio de Edificaciones y Viviendas con un Viceministerio para eso.
El Presidente habló muy rápido y con pésimo asesoramiento, no hay vacío legal y el Estado y sus funcionarios son responsables, solidariamente, conforme dispone taxativamente el artículo 148 de la Constitución, así como en las leyes 41-08, 176-07 y 107-13, por sus omisiones antijurídicas en el cumplimiento o aplicación de las leyes que causen daños a las personas: En este caso el daño que como hecho notorio no requiere de pruebas, ha sido a causa de la omisión de la Autoridad en hacer cumplir la normativa que estaba obligado a aplicar para la protección ciudadana.
En ese orden ante la tragedia más grande y penosa que ha sufrido el país en toda su historia con 236 personas fallecidas, más de 110 heridos, algunos con imposibilidades físicas y psicológicas permanentes, que dejaron en la orfandad a decenas de niños, a madres que dependían de sus hijos, sin sustento y, a esposas y esposos lastimados solamente el Estado puede hacer justicia reparando a las víctimas en los daños sufridos porque solo el Presupuesto General del Estado puede soportar la carga económica, aliviando, sino el dolor, por lo menos los daños monetarios de las víctimas: Pero el Presidente, eso ni siquiera lo ha contemplado.
Observen que la mayoría de las personas adineradas no se han querellado, unas porque saben que la pena por homicidio involuntario se impondrá, con ellos y sin ellos y otras porque saben que los propietarios no estarán en condiciones de atender la condena pecuniaria: Y, en este sentido debo indicar que estos han tenido una actitud más responsable que el Gobierno pues han estado llegando a acuerdos con algunos de los sobrevivientes más humildes de las víctimas que no pueden soportar el costo y la espera de un juicio de consecuencias inciertas.
Por ello la marcha de las víctimas al Palacio Nacional de este domingo fue correcta porque ahí está el ÚNICO, que, si tuviera interés, puede resolver parcialmente los daños a los sobrevivientes de los muertos y heridos.
Pero tendrán que gritar más fuerte porque las víctimas ricas no están en la protesta y en el Palacio Nacional el llanto de los pobres no se escucha. Si quieren un ejemplo recuerden a ELADIA MERCEDES OZUNA, la humilde señora que enferma, ciega y sin extremidades, murió en diciembre del 2024 por falta de alimentos y medicinas en el Hospital Cubano de la UASD mientras el Gobierno le negaba el pago de RD$85 millones que ordenó el tribunal por el solar del que fue desalojada para construir el Aeropuerto Las Américas: Ni un editorial del Listín Diario – y decena de informaciones de otros medios – lograron que oyeran su grito desesperado de justicia: Para la historia, como en la Tragedia de Jet Set, al día siguiente de su muerte sólo quedó como epitafio el titular del decano “El Estado la mató”. Nunca sufrimos tanta indolencia.