En el 2013, durante un conversatorio con el entonces presidente Rafael Correa, en Quito, el gobernante en reelección nos contaba –a un grupo de observadores electorales, entre los que me encontraba- sobre el giro que ese gobierno dio al tema de la impresión y distribución de los libros para los escolares del sistema público de Ecuador. Contaba que debido al desorden que protagonizaban los impresores, con aumentos de costos año por año, errores, omisiones en textos, incumplimiento en las entregas de los materiales, decidió pedir un informe confidencial de funcionarios y personas del sector privado, sobre la calidad, costos y cumplimiento sobre el negocio. Se decidió, entonces, nos contaba Correa, comprar maquinarias e imprimir y distribuir los libros de textos sacando del ‘negocio’ a los impresores privados que hasta el momento tenían un control total de esa acción oficial. Comento esta experiencia dado el contexto de que el tema de la impresión y distribución de los libros de textos –un problema anual- está sobre el tapete en el país, luego que el Ministerio de Educación anunciara planes de que el gobierno asuma esa labor.
Oí a un dirigente de las organizaciones de impresores que uno de los ‘peligros’ reside en que el Gobierno usaría los libros de texto como vehículo de ‘adoctrinamiento’ de nuestros niños, adolescentes y jóvenes en la escuela pública. ¿‘Adoctrinamiento’ en qué? me he preguntado y he preguntado sin obtener respuesta. Lo que aspiro es que se le ponga ‘el cascabel al gato’ y que el dolor de cabeza de todos los años con los libros de texto, se convierta en cosa del pasado.