¿Cómo valorarías recibir un mensaje a tu celular indicándote que la próxima vacuna de tu bebé ya está programada en un centro cercano a tu hogar? ¿Cuánto tiempo se ahorraría una madre si, en vez de acudir a una institución a solicitar ayuda social, fuera el propio Gobierno quien le notificara que cumple con los requisitos para ser beneficiaria de los programas del Gabinete de Políticas Sociales?
¿Puedes imaginar un futuro en el que, cuando tu licencia de conducir esté a punto de vencer, no tengas que preocuparte por la fecha de caducidad porque la propia institución responsable te enviará un mensaje con todo lo necesario para su renovación?
Durante décadas, la relación entre la ciudadanía y el Estado ha estado marcada por un modelo basado en la solicitud, la gestión y la entrega de servicios, casi siempre condicionado por la espera: esperar un turno, esperar un trámite, esperar una respuesta. Sin embargo, la transformación digital ha comenzado a cambiar esa realidad, impulsando una nueva visión donde la tecnología permite invertir esa lógica y acercar los servicios públicos a las personas de manera más ágil, eficiente y oportuna.
El uso de las innovaciones tecnológicas en la cotidianidad ya no es una aspiración futurista; es una realidad que redefine la manera en que las personas viven, trabajan y se relacionan. Hoy, desde un teléfono móvil, se realizan transferencias bancarias, se solicitan préstamos, se coordinan reuniones, se estudia, compra o accede a servicios privados en cuestión de minutos. Pero, mientras la sociedad avanza a un ritmo acelerado impulsado por la tecnología, gran parte de la relación entre el Estado y la ciudadanía continúa atrapada en esquemas tradicionales marcados por largas filas, trámites repetitivos, formularios físicos y tiempos de espera innecesarios.
Esta realidad evidencia la necesidad impostergable de que el Estado impulse una transformación integral y profunda, que le permita evolucionar hacia una relación más cercana, eficiente y centrada en la ciudadanía, garantizando servicios accesibles, ágiles y funcionales para una sociedad que demanda cada vez mayores niveles de excelencia, rapidez y calidad.
Aunque la digitalización de los procesos y la simplificación de trámites forman parte esencial de la mejora de los servicios públicos, hoy ya no es suficiente limitarse únicamente a modernizar procedimientos para responder a las demandas ciudadanas o reducir los tiempos perdidos en la burocracia en las entidades públicas. Y aunque esto es un paso de avance, no es la meta final a la que aspira la sociedad.
El hombre y la mujer de hoy no demanda menos filas, ni menor tiempo de espera, demanda servicios automatizados, inteligentes y oportunos, que eliminen el papeleo innecesario y permitan que el Estado llegue hasta donde están las personas, ahorrándoles traslados, tiempo y recursos.
Una verdadera modernización de la administración pública requiere avanzar hacia un modelo anticipatorio, donde el Estado sea capaz de estar presente en los eventos de vida relevantes y proveer servicios públicos de oficio, que los datos y la interoperabilidad de la tecnología permiten, con esto conseguimos eliminar que los derechos dependan de la gestión de las personas en las entidades públicas.
El principio es simple: el Estado debe dejar de ser reactivo, o sea, actuar únicamente cuando el ciudadano solicita un servicio ante una necesidad determinada, para transformarse en un Estado anticipatorio, capaz de adelantarse a esas circunstancias y generar procesos automatizados que respondan oportunamente a las necesidades de las personas en los “eventos o momentos de vida”.
Esta es la visión a futuro y hacia donde avanza el mundo, transformar la administración pública en una estructura interconectada que diseñe y cree servicios tal y como las personas los necesitan: rápidos, agiles y eficientes. En pocas palabras, el Estado debe pasar de un Estado reactivo a convertirse en uno predictivo, inteligente y proactivo.
Llegar hasta ahí, implica iniciar una serie de pasos para la definición y aplicación de los “servicios proactivos”, aquellos donde el Estado detecta “eventos relevantes” en la vida de las personas y activa servicios sin solicitud previa, conservando trazabilidad, transparencia, seguridad, control y capacidad de reclamo.
Lograr el correcto funcionamiento de los “servicios proactivos”, sin dudas, colocaría a la República Dominicana a la vanguardia de la transformación en la gestión de los servicios públicos en la región, donde países como Brasil, Chile, Colombia, y otros, apenas están desarrollando sus capacidades para anticiparse.
Para alcanzar esa meta, el Ministerio de Administración Pública junto al Gabinete de Políticas Sociales, al Ministerio de Salud Pública, al Servicio Nacional de Salud, al Programa Supérate, al Sistema Único de Beneficiarios; además de los hospitales Hugo Mendoza y Reynaldo Almánzar, inició una serie de talleres de articulación y construcción de las bases para los servicios proactivos.
En estos talleres y mesas técnicas se avanzan en el desarrollo de dos prototipos vinculados al proceso de vacunación en los primeros años de vida, y a la asistencia social en temas de alimentación a población vulnerable.
De la mano del Banco Mundial avanzamos en la implementación de la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos 2026–2028, la cual forma parte del Proyecto de Apoyo a la Implementación del Plan de Reforma y Modernización del Estado. Además, se suman a esta iniciativa el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La meta es lograr que las distintas instituciones trabajen sobre una misma visión: compartir información de manera segura, activar procesos de forma coordinada, reducir duplicidades y definir soluciones que le permitan al Estado satisfacer las necesidades básicas de la población más rápido, con menos costo y con mayor impacto. Así creamos un futuro basado en derechos, transformando la gestión pública en soluciones reales y efectivas para la gente.