De las 24 horas del día de todo dominicano, 2.5 (un 15% de nuestras vidas despiertos) las perdemos en un tapón. Un problema que ha sido generado exclusivamente por la incapacidad, negligencia e irresponsabilidad de nuestros políticos.
La vida se nos va en los tapones. Deterioran nuestra salud mental, generan ansiedad, frustración y erosionan el clima de paz y civilidad necesario para que toda sociedad se desarrolle. Todos somos víctimas, responsables, cómplices, pero nadie lo es más que los políticos; porque son los responsables de establecer leyes, políticas públicas y presupuestos para regular, fiscalizar y mejorar el tránsito.
Diagnósticos, estudios y recomendaciones sobre lo que hay que hacer, sobran; estadísticas e indicadores que certifican el colapso están ahí; aún así, el Estado no se da por enterado, y, a pesar de ser campeones mundiales en accidentes y condenar a millones a padecer diariamente el calvario de utilizar servicios de transporte inseguros, ineficientes e indignos; mira para otro lado, siendo reactivo y lento en su capacidad de respuesta, e incompetente al momento de formular y ejecutar soluciones en los tiempos que él mismo ha establecido.
En ese contexto, la firma del “Pacto Nacional por la Seguridad Vial (2025-2030)” intenta ser la respuesta del Estado dominicano a las consecuencias del caos en el tránsito que él mismo ha provocado. Sin embargo, la lectura del documento firmado deja más interrogantes que respuestas, tanto en forma como en fondo.
El pacto, firmado por 122 instituciones públicas y privadas (empresarios, transportistas, sociedad civil), constituye una reiteración de lo evidente; una duplicidad administrativa que amerita una explicación racional; porque, ¿bajo qué lógica explicar qué el presidente “firme” con siete funcionarios subalternos suyos un “pacto”?, ¿en qué momento el presidente dejó de ser el jefe de la administración pública y se ve conminado a “pactar” con sus empleados?, ¿por qué “pactar” el cumplimiento de lo que indica la ley?
En un lenguaje difuso, aspiracional, maximalista y diferido, su numeral 5 (“Rol de los actores…”, enumera 27 acciones a cuyo cumplimiento se comprometen los firmantes; de las cuales, 26 son verbos infinitivos no vinculantes ni mandatorios (contribuir, impulsar, fomentar, promover, etc.) que no suponen una obligación de hacer; y, si nadie está obligado, nadie hará nada más allá de firmar y posar para la foto.
Mientras el gobierno “promueve” el cumplimiento de la ley (como si no fuera obligatorio) y pretende distribuir en un colectivo su responsabilidad exclusiva (en ausencia de partidos políticos opositores, a pesar de ser “2025-2030” y tener elecciones en 2028), queda el asombro de que se anuncie como relevante la realización a futuro de acciones ya establecidas por ley, que tienen responsables de cumplimiento indicados.
Las obras públicas llamadas a resolver el problema del tránsito no inician (ni concluyen), y, sin solución estructural a la vista, la lógica indica que el caos aumentará, que los tapones serán peores, y que ningún pacto podrá salvarnos.