Corrían los años ‘70, hace más de 50 años, cuando un grupo de periodistas se lanzó a la aventura de tratar de tomar el control del ejercicio periodístico en la República Dominicana, siguiendo propósitos que en ese sentido provenían de democracias que se fortalecían en América Latina. El instrumento para ese objetivo era la creación, por ley, de un Colegio que imponía, como uno de sus principales elementos, la obligatoriedad de tener un título académico y una licencia para poder ejercer el periodismo.
Hoy, más de medio siglo después, los mismos peligros acechan la libertad de prensa, ahora desde litorales de ‘comunicadores’ que a través de las influyentes redes sociales, pretenden imponer un poder y estilo basado en la diatriba, acusaciones, imputaciones, extorsión y chantaje, en muchos casos, contra ciudadanos, políticos, funcionarios, a cualquier persona de la sociedad, por demás muchas veces usando un intimidante lenguaje soez, ultrajante, que escandaliza y rompe con los rigores de las leyes y los mínimos patrones de las buenas costumbres.
El tema ha abierto un debate nacional a propósito de la introducción en las cámaras legislativas de un proyecto que, bajo el índice de reformar, actualizar y modernizar la ley de prensa vigente, que data de 1962 –por lo menos tres proyectos han sido presentados a las cámaras y no han prosperado, hasta ahora-, ha puesto en evidencia la fuerza que tiene la presión ejercida por la camada de ‘comunicadores’, abogados, políticos que han copado las diferentes formas de comunicación por las redes sociales y a través de la radio y la televisión, desde donde ejercen y defienden su poder ganado, frente a periodistas y medios profesionales dedicados al ejercicio informativo que se desarrolla bajo el rigor de la objetividad y la defensa instransigente del derecho constitucional que consagra la libertad de prensa y expresión.
Proclamando, sin embargo, esa libertad de prensa y expresión es que esos grupos de ‘comunicadores’ reclaman su ‘derecho’ a difundir lo que les venga en ganas, contra cualquiera, por encima de las consecuencias que consagran los derechos a la privacidad, el honor, la no injerencia en la vida privada -artículo 43 de la Constitución-, bajo amenazas de difamación, que aterra a la generalidad de las víctimas.
Periodistas
contra periodistas
En 1970, la fortaleza de la prensa nacional descansaba en la fuerza que editorialmente trazaban Rafael Herrera y Germán Ornes, directores de los periódicos Listín Diario y El Caribe, en la capital, y no con menos influencia La Información, en Santiago. Los tres de corte conservador. El Nacional, dirigido por Rafael Molina Morillo, ya había hecho un nicho como diario vespertino altamente crítico al régimen político que encabezaba el presidente Joaquín Balaguer.
El país se afianzaba en democracia. Fue en ese contexto que un grupo de periodistas, agrupados en el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP), se lanzaron a la aventura de tratar de asumir el control de la prensa nacional al propulsar la creación de un Colegio de Periodistas, principalmente con la cláusula que establecía que para poder trabajar como periodista era obligatorio tener un título académico superior y ser colegiado. Estas iniciativas se propalaban desde Venezuela y Costa Rica, principalmente, donde los grupos pro colegiación se habían impuesto.
La pretensión ganó un rechazo radical de los directores y propietarios de los periódicos Listín Diario, Ultima Hora, El Caribe, Hoy, El Nacional y La Información, quienes llevaron el caso hasta los tribunales e incluso, en una acción sin precedentes, se declararon en rebeldía a la iniciativa -que luego de más de 14 años de confrontación había sido aprobada por el Congreso Nacional y promulgada, en 1984, como ley 148 por el gobierno perredeístas de Salvador Jorge Blanco- al apersonarse en un tribunal, frente a un juez. Los propietarios y directores de los diarios El Sol y El Nuevo Diario apoyaban la colegiación y cerrando filas con los abanderados del SNPP. La posición acrecentó la división entre periodistas, directores, propietarios y de la sociedad en torno al tema. En 1988, tras cuatro años de luchas judiciales y presiones, la Corte de Apelaciones declaró inconstitucional el Colegio de Periodistas consignado en la Ley 148, pero el caso siguió hasta la Suprema Corte que, finalmente, el 1ro de septiembre de 1989, declaró nula la ley. En un acuerdo los directores y propietarios de periódicos y los periodistas pro colegiación obligatoria, se aprobó, en 1991, la creación de un Colegio de Periodistas, pero sin las obligatoriedades de ser profesional académico y tener una licencia para poder ejercer el periodismo en el país. La concertación -encabezada por un grupo de personalidades que encabezaba Alejandro Grullón- dividió seriamente al SNPP y a los abanderados del Colegio, quienes acusaron a sus colegas de traidores, se separaron del Sindicato y crearon la denominada Asociación de Periodistas Profesionales (APP). Las divisiones los extinguió y degeneraron en lo que hoy existe como el denominado Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). El Colegio de Periodistas sigue existiendo, más de nombre.
Una lucha interminable
Las luchas por la libertad de prensa no concluyeron con evitar la imposición del Colegio obligatorio. La batalla ha sido continua.
Por lo menos tres proyectos de leyes se han presentado a lo largo de los últimos 30 años en procura de reformar, modernizar la obsoleta Ley 6132 -creada en la emergencia que vivía la nación al salir de la dictadura de 30 años de los Trujillo, lo que había generado un desborde acelerado de medios, aceptado por una sociedad ávida de información tras tres décadas de aislamiento y oscurantismo mediático-, calcada de la ley de prensa francesa de 1886, que han procurado establecer una ley que garantice los derechos de la prensa y la sociedad a una libre y objetiva información.
Dos de esos proyectos -1999 y 2024- fueron estructurados por sendas comisiones designadas por el Poder Ejecutivo.
Luego de más de seis meses de trabajos cotidianos en las oficinas del reputado abogado Ramón Tapia Espinal -uno de los mentores de la ley 6132, antes de ser miembro del Triunvirato que gobernó la nación tras el derrocamiento del gobierno de Juan Bosch, en 1963- el proyecto fue entregado al entonces presidente Leonel Fernández, quien lo dejó sobre su escritorio al concluir su mandato en el 2000. Al llegar Hipólito Mejía a la Presidencia lo sometió a las cámaras legislativas, pero fue desde las entrañas del SNPP, precisamente, que se encargaron, con el apoyo de periodistas resentidos con el fracaso de la colegiación obligatoria, de torpedearlo y quedó engavetado en el Congreso Nacional. El senador peledeísta José Tomás Pérez salvó la cara del proyecto al extraer del mismo la cláusula que logró se aprobara como Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, número 200-04, que se aplica con cierto éxito.
El 23 de junio de 2023, el presidente Luis Abinader designó por decreto una comisión con la encomienda de elaborar y presentar al Poder Ejecutivo un borrador de proyecto de ley para actualizar la legislación vigente sobre la libertad de prensa. La comisión, compuesta por periodistas, directores de medios y abogados cumplió la encomienda. Luego de varios meses, el Poder Ejecutivo lo remitió a las cámaras legislativas que la pusieron bajo estudio de una comisión especial, que hoy recibe presiones tales que ya se habla de modificarlo, especialmente en lo referente a las reglamentaciones que se propone para las redes sociales.