Diario
Durante tres días de intensos paneles, actores clave del sistema de justicia penal dominicano se reunieron en un espacio de diálogo sin precedentes con el objetivo de identificar problemas y trazar una hoja de ruta hacia una profunda transformación de la justicia penal dominicana.
Los encuentros, encabezados por Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia; Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República; y Rodolfo Valentín Santos, director de la Defensa Pública, destacaron la relevancia del Programa de Optimización del Proceso Penal, una iniciativa que impulsa cambios coordinados, decididos y transparentes para modernizar la justicia penal en el país.
Principales soluciones
1.Ampliar el uso de los acuerdos penales hasta alcanzar el 90%, alineándose con los estándares de sistemas acusatorios eficaces. Actualmente, en el país solo se aplican en un 13%, siendo esta la vía más efectiva para la resolución temprana de los procesos.
2.Ejecutar el primer catastro penitenciario nacional, como base para una planificación más eficiente del sistema carcelario.
3.Habilitar 10,000 nuevas camas para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios.
4.Implementar la interoperabilidad en todos los procesos penales a nivel nacional, garantizando mayor eficiencia y trazabilidad.
5.Incorporar 100 abogados de víctimas al Ministerio Público y formar 87 nuevos defensores públicos, fortaleciendo así el acceso equitativo a la justicia.
6.Establecer indicadores e incentivos comunes para todos los operadores del sistema, con mecanismos de monitoreo y evaluación.
Reformas normativas
7.Instituir guías de sentencias exhortativas para los tribunales, con el fin de reducir disparidades, aumentar la predictibilidad y fortalecer la seguridad jurídica.
8.Crear una Oficina de Apoyo a la Justicia Penal, encargada de supervisar penas alternativas y medidas no privativas de libertad, elaborar informes socioambientales, controlar su cumplimiento y facilitar la reinserción social.
9.Ampliar la competencia unipersonal de los jueces de primera instancia, descongestionando así los tribunales colegiados, en consonancia con los nuevos parámetros propuestos en el nuevo Código Penal.
10. Agilizar las audiencias preliminares, reduciendo formalismos y enfocándolas en la validación de acuerdos (conciliación, procedimiento abreviado), reservando el análisis exhaustivo de pruebas para el juicio oral.
11.Establecer el interés casacional en materia penal, evitando que la casación funcione como una tercera instancia.
12.Instituir mecanismos que faciliten la gestión y conocimiento de los casos complejos.
13.Digitalizar la tramitación del proceso penal e implementar audiencias virtuales en las etapas previas al juicio de fondo, promoviendo mayor celeridad y acceso.
El desarrollo de los paneles
Uno de los ejes centrales fue la necesidad de potenciar el uso de acuerdos penales como vía para la solución temprana de los casos y la descongestión efectiva del sistema. En ese sentido, se propuso reenfocar la audiencia preliminar para facilitar la formalización de acuerdos y el uso del procedimiento abreviado, reservando el juicio oral para los casos que realmente lo ameriten. “Debemos pasar de un modelo de litigiosidad a uno de soluciones”, afirmó Henry Molina.
En esa misma línea, se planteó la incorporación de una Guía de Sentencias, con el objetivo de hacer más coherente la aplicación de las penas, agruparlas según su gravedad y aumentar la predictibilidad de las condenas.
Esta herramienta, que sería aprobada por la Suprema Corte de Justicia, también incentivaría la resolución anticipada de los casos, como ocurre en sistemas de justicia más avanzados.
La situación de las personas privadas de libertad fue otro tema prioritario. La procuradora Yeni Berenice Reynoso anunció la ejecución del primer catastro penitenciario nacional, la habilitación de 10,000 nuevas camas para reducir el hacinamiento, y la apertura de tiendas para comercializar productos fabricados en los centros penitenciarios.
También se abordó la necesidad de identificar biométrica y jurídicamente a los internos y mejorar el tratamiento de personas inimputables.
Un avance significativo sería la creación de la Oficina de Apoyo a la Justicia Penal, también conocida como oficina de probatoria. Esta entidad brindará apoyo técnico a jueces, fiscales y defensores mediante informes sociofamiliares, socioeconómicos y de riesgo, que servirán como insumos para decisiones más justas y eficaces. Además, supervisará el cumplimiento de medidas no privativas de libertad y contribuirá a la reinserción social y la reducción de la reincidencia.
También se propuso ampliar la competencia de los jueces unipersonales, permitiéndoles conocer casos con penas superiores a cinco años, lo que agilizaría la tramitación de expedientes, especialmente si se aprueba el nuevo Código Penal. En paralelo, se planteó la necesidad de introducir el interés casacional en materia penal, para evitar que la casación funcione como una tercera instancia y racionalizar la carga de la Suprema Corte.
Durante los paneles se reconoció que, aunque el Código Procesal Penal (CPP) ha representado un avance en garantías y derechos, su aplicación enfrenta serias limitaciones estructurales. Se identificaron problemas como la falta de preparación de los actores del sistema, debilidad en la investigación científica, sobrecarga de los tribunales y distribución desigual de la carga judicial. “El problema no es el código, sino su implementación”, afirmó la magistrada Esmirna Méndez.
El juez Fran Soto señaló que, pese a haberse otorgado dos años para la preparación de los actores, muchos no se capacitaron adecuadamente. Las universidades ofrecieron formación limitada.
En cuanto a las salidas alternas y la cultura procesal, el magistrado Wilson Camacho subrayó que la negociación es esencial en un sistema adversarial, pero que muchas veces las partes no quieren acordar. También llamó a combatir el litigio temerario y a facilitar el conocimiento de casos complejos. Francisco Álvarez agregó que el crimen ha evolucionado y que el CPP y el Código Penal no están alineados. “La reforma es necesaria, incluyendo la creación de un Ministerio de Justicia”, sostuvo.