Suponiendo que las personas se comportan de forma racional y responsable, en la literatura económica se encuentran múltiples referencias a que los subsidios otorgados en dinero son preferibles a las entregas de productos.
Esto así porque se presume que los receptores de esas ayudas conocen sus necesidades mejor que quienes se las suministran.
Si reciben dinero, pueden usarlo de la forma más eficiente, pero si lo que reciben son productos es improbable que ellos coincidan completamente con sus preferencias.
Esos comportamientos, sin embargo, no se ajustan siempre al criterio de racionalidad y responsabilidad de quienes proveen el subsidio, sean ellos gobiernos u organizaciones privadas. De ahí que las ayudas en productos luzcan ser una opción más conveniente, a fin de asegurar que los recursos no sean empleados en la compra de bienes superfluos o poco prioritarios.
De ese modo se intenta reemplazar la decisión individual con la que se cree conduce a la mejor asignación desde el ángulo social.
Pero la discusión a ese respecto involucra además la posibilidad de prácticas deshonestas.
Como todos sabemos, en el caso de ayudas estatales en productos la selección de los proveedores puede estar influida por motivos de ganancia personal de funcionarios involucrados, y se han dado casos parecidos con directivos inescrupulosos de entidades privadas.
En todo caso, desde el ángulo económico es posible argumentar que las entregas de productos pueden estimular más el crecimiento de la oferta que la alternativa de entrega de dinero.
En un estudio publicado en enero del 2019, Giacomo De Giorgi, profesor de economía en la Universidad de Ginebra, y otros dos autores, utilizaron datos de programas de subsidios de México, y constataron que las ayudas en forma de productos locales crean un mercado conocido por los suplidores, dando lugar a aumentos en la oferta y precios más bajos, en tanto que las entregas de dinero no tienen un efecto significativo similar.
A ese respecto, contar con un mercado asegurado de antemano, permite y estimula a los productores a llevar a cabo las inversiones y contrataciones requeridas, a la vez que les facilita conseguir fuentes de financiamiento.
Inciden también en el asunto el nivel educativo de los receptores de las ayudas, la estabilidad de los núcleos familiares, los hábitos de consumo y las prioridades socialmente aceptadas.