El trabajo que se lleva a cabo en el país en pro de garantizar la competencia de los agentes económicos en el mercado ha mostrado avances importantes, pero para llegar más lejos en beneficio del país y los consumidores la actual gestión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) presentará una modificación a la Ley 42-08, sobre Defensa de la Competencia.
De acuerdo con la presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia, María Elena Vásquez Taveras, en el país hay avances, se ha llegado a muchos sectores, “pero todavía falta mucho”. Reveló que la institución presentará un proyecto de modificación de la Ley 42-08 para poder imponer sanciones ejemplarizantes en la competencia desleal, que es un clamor de sectores empresariales.
Actualmente, la referida legislación penaliza a los infractores con salarios mínimos, pero en el proyecto se plantea que las multas sean a partir del volumen de negocios del año fiscal anterior.
Asimismo, poner control a las concentraciones, ya que en la región, República Dominicana es el único país que no tiene control de concentraciones de mercado.
La legislación vigente presenta varias debilidades: Falta de un mecanismo de control previo del impacto de las concentraciones económicas en la libre competencia, limitaciones en las sanciones y procedimientos, insuficiente coordinación interinstitucional, carencias en recursos humanos y financieros y falta de una cultura de competencia.
Explicó que las empresas antes de fusionarse deberían pasar por Procompetencia para que no se creen monopolios o abusos, para evitar abusos de posición dominante.
Ese tipo de situación puede afectar internamente dándose dentro o fuera, como es el caso de las fusiones de aerolíneas extranjeras que de haberse dado se habrían puesto de acuerdo con los precios de los pasajes y habrían creado un monopolio.
En la modificación de la ley de Defensa de la Competencia también considera importante la incorporación de los temas de clemencia, “para detectar carteles y colusión”, ya que con esta herramienta se incentivan las denuncias de prácticas anticompetitivas, como los carteles. Otro tema será la revisión de los plazos de caducidad y la prescripción en la justicia penal, porque ahora la prescripción es de solo un año. Y, los mercados digitales, para determinar el mercado relevante, donde uno de los parámetros es el precio y la mayoría de las plataformas digitales son gratuitas.
La funcionaria explicó, al participar en el Desayuno de Listín Diario, que este año se han realizado dos talleres para facilitar la comprensión de la entidad y la importancia que revisten los temas de competencia en la economía a comunicadores y periodistas, jueces del Poder Judicial y también con oficiales de ética e integridad gubernamental y directores de compras, para contribuir con la formación de actores clave. La meta, dijo, es llegar a 1,000 servidores públicos este año y que desde abril pasado a la fecha ya se han formado 800.
Sostuvo que la idea es que los oficiales de ética e integridad gubernamental se conviertan en veedores, dada la importancia de las compras públicas, ya que representan el 18% del producto interno bruto (PIB) del país. “Cuando se vulneran, el Estado termina comprando más caro y de menor calidad”, indicó.
Según la funcionaria, el año pasado se aplicó la primera sanción por colusión. Actualmente hay cuatro investigaciones abiertas, una de ellas en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie); dos en los comedores económicos y otra en el mercado de oxígeno medicinal y por eso dijo: el enfoque tiene un doble propósito. Lo primero es con la formación de actores clave, ya que “en los pliegos de condiciones es donde se bate el cobre”, y para que se cumpla con el objetivo de la libre competencia; y el segundo, la defensa de la competencia, para identificar alertas colusorias.
La presidenta de Procompetencia participó en el Desayuno de Listín en compañía de José Beltré, director de promoción y abogacía de la competencia; Liverca Gómez, encargada del departamento de estudios económicos y de mercado; José Miguel García, encargado del Departamento de comunicación; Jorge Espinosa, encargado de medios, Jacqueline Genao, coordinadora del despacho y Lilian Tejeda, periodista de la entidad.
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El artículo 61 de la Ley 42-08 establece como sanción multas mínimas equivalentes a 30 veces el salario mínimo, y un máximo de 3,000 veces el salario mínimo; otras son de 200 veces el salario mínimo y un máximo de 3,000 veces; de 30 veces el salario mínimo y un máximo de 3,000 veces. La proporción de información falsa a la comisión, la multa es de 50 veces el salario mínimo y un máximo de 200 veces, dependiendo de la falta.