Hoy es sábado, 1 de noviembre de 2025.
El 15 de noviembre se acerca, pero en Haití esa fecha marcada en rojo por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) para las elecciones generales se siente más como una sentencia que como una promesa.
Estos comicios deberían ser el puente hacia la estabilidad, pero con las calles dominadas por pandillas y un gobierno de transición al borde del colapso, la celebración de un proceso electoral libre y seguro es una ilusión inviable.
Desde su constitución en abril de 2024, el CPT se comprometió a entregar al país un nuevo presidente el 7 de febrero de 2026.
Sin embargo, a medida que este crucial plazo de noviembre se acerca, la esperanza se ha desvanecido, siendo reemplazada por un escepticismo casi unánime a escala nacional e internacional.
Este país, que hoy es un símbolo de impredecibles desgracias y una crisis institucional total, se enfrenta a una cruda verdad: la capital está bajo el dominio de grupos armados, las instituciones han sido prácticamente desmanteladas y el gobierno de transición lucha por la cohesión interna.
En estas condiciones, la celebración de un proceso electoral libre, seguro y creíble no es solo difícil: es una ilusión política inviable.
El plazo estipulado para el 15 de noviembre, lejos de inspirar optimismo, se ha convertido en el marcador de una cuenta regresiva imposible.
Organizar comicios requiere meses de preparativos esenciales —desde establecer un Consejo Electoral funcional y registrar votantes en seguridad, hasta garantizar que candidatos y electores no sean intimidados por las pandillas—, y ese tiempo se ha agotado.
La disparidad catastrófica entre los objetivos políticos y la realidad operativa sugiere que intentar forzar las elecciones solo serviría para validar el poder de los grupos criminales o para perpetuar un ciclo de crisis de legitimidad.
Lo que comienza hoy, 1 de noviembre, no es un plazo para votar, sino un ultimátum para que la comunidad internacional y los líderes haitianos prioricen lo único urgente: el restablecimiento de la seguridad.
Sin el desmantelamiento de las pandillas y sin control estatal del territorio, Haití no está listo para decidir su destino el próximo domingo 15 de noviembre.
¿Hacia dónde podría llevar el fracaso electoral?
Si las elecciones programadas para el 15 de noviembre fracasan, como ya no hay dudas fracasarán, o se posponen indefinidamente, las consecuencias para Haití y la región serían muy graves.
Esto, porque la fecha límite del 7 de febrero de 2026 para la transferencia de poder se incumpliría, dejando al país en un limbo político prolongado.
Con esto, la incapacidad de celebrar elecciones solo fortalecería a las pandillas, demostrando la debilidad del Estado y del CPT para recuperar el control y cumplir su mandato.
Asimismo, podría detonar nuevos estallidos de violencia y agravar la crisis humanitaria y el gobierno de transición: pérdida de legitimidad.
El CPT fue creado con la misión principal de allanar el camino a las elecciones por lo que su fracaso en este objetivo crucial le restaría toda la legitimidad que le queda, abriendo la puerta a nuevas disputas de poder y, quizás, a su colapso.
Un fracaso electoral podría llevar a la desconfianza y la fatiga de la comunidad internacional, reduciendo la ayuda financiera y el apoyo logístico, a pesar de la gravedad de la situación.
Igual, la Fuerza de Represión de Pandillas recién establecida en Haití podría enfrentar un escrutinio mayor sobre sus objetivos y resultados, pudiendo llevar a cuestionamientos sobre su continuidad.
Agravamiento de la crisis migratoria.
El aumento de la inestabilidad política y el colapso social probablemente impulsarán flujos migratorios masivos hacia este lado oriental de la isla, Estados Unidos y otros países.
República Dominicana, como vecino directo, sería el más inmediatamente afectado por la profundización de la crisis en Haití.
Crucemos los dedos, porque la cuenta regresiva hacia el domingo 15 de noviembre acaba de empezar.