Hay momentos en la historia de los países donde legislar exige más carácter que popularidad. Este es uno de ellos. Mientras el mundo enfrenta guerras, inflación persistente, desaceleración económica y una feroz competencia global por inversión y empleos, en República Dominicana pareciera que algunos legisladores han decidido jugar con uno de los pilares más sensibles de nuestra estabilidad: el mercado laboral. Y no, el problema no es reformar el Código de Trabajo. El problema es hacerlo sin una visión estratégica de país.
La reforma laboral de 1992 tuvo virtudes y defectos, pero ocurrió en un contexto donde la nación necesitaba estabilidad institucional y reglas claras. Hoy, más de treinta años después, sí necesitamos modernizar esta legislación laboral. Pero modernizar no significa encarecer indiscriminadamente el empleo formal, aumentar la incertidumbre jurídica o legislar desde la teoría, ignorando la realidad económica mundial. Y aquí está la trampa.
El peor enemigo del trabajador no es el empresario, es la informalidad. Y en un país donde más de la mitad de la fuerza laboral trabaja sin acceso a protección social ni derechos laborales efectivos, legislar de espaldas a ese problema estructural es una grave ligereza política.
Ante ese escenario, cualquier reforma responsable debería tener un objetivo central: crear más empleos formales, no menos. Sin embargo, preocupa ver cómo, después de años de diálogo tripartito, consensos importantes no aparecen reflejados plenamente en la pieza aprobada, mientras surgen nuevas disposiciones que aumentan cargas, expanden burocracia y multiplican riesgos para quienes producen, invierten y generan empleo. Porque cuando una reforma laboral dedica páginas enteras a expandir estructuras administrativas, fortalecer aparatos regulatorios, multiplicar facultades inspectoras y ampliar mecanismos sancionatorios, cualquier observador serio entiende que el debate ya dejó de ser únicamente laboral.
Mientras otros países compiten agresivamente por atraer capital, flexibilizar mercados laborales modernos, acelerar la productividad y posicionarse para el nearshoring, aquí pareciera que seguimos atrapados en discusiones ideológicas de otra época. Como si el empleo surgiera por decreto, la competitividad fuera automática y, peor aún, como si el capital no tuviera opciones.
Algunas decisiones rozan incluso lo absurdo. Cuando una reforma presentada como “modernizadora” termina teniendo como su principal resultado en el plano social la ampliación de la licencia de paternidad a cuatro días, queda claro hasta qué punto el debate perdió profundidad y ambición. Y no porque el problema sea la medida en sí, sino porque resulta difícil presentarla como evidencia de una verdadera transformación laboral. Ni fortalece a la familia. Ni mejora la productividad. Ni transforma el mercado laboral. Pero sirve para sostener la narrativa de que “algo se cambió”.
Y ahí está precisamente el peligro. Legislar para aparentar movimiento, no para producir resultados. La competitividad no se destruye de golpe. Se erosiona lentamente con rigideces innecesarias, costos mal calculados y mensajes que hacen sentir que producir en República Dominicana es cada vez más difícil. El sector empresarial no está solicitando privilegios.
Pedimos prudencia, coherencia y algo que en cualquier otro contexto sonaría obvio: que una reforma laboral sirva para atraer inversión, generar empleo, aumentar la productividad y fortalecer el futuro económico del país.
Aún estamos a tiempo. A los legisladores dominicanos les corresponde decidir si quieren pasar a la historia como quienes modernizaron responsablemente el mercado laboral dominicano… o como quienes, en medio de la incertidumbre global, confundieron legislar con improvisar. Lo que está en juego no es una discusión política más, sino la capacidad de República Dominicana de seguir creciendo.
La autora es presidente ejecutiva de Grupo SID