En 2023, el presidente de EE. UU., Joe Biden, ordenó a las agencias de inteligencia estadounidenses que compartieran pruebas de los crímenes de guerra rusos con la Corte Penal Internacional, con el objetivo de imputar al presidente ruso, Vladímir Putin. Esto supuso una ruptura radical con los precedentes, ya que Estados Unidos había insistido durante mucho tiempo en que la CPI no podía ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no hubieran ratificado el Estatuto de Roma por el que se establece la Corte —un grupo en el que se incluyen tanto Rusia como Estados Unidos—.
Pero Biden cambió de opinión en noviembre de 2024, cuando la CPI dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Según Biden, la decisión era«indignante», y Estados Unidos siempre apoyaría a su aliado Israel, que tampoco es signatario del Estatuto de Roma.
Donald Trump, sucesor de Biden, fue un paso más allá al imponer sanciones a funcionarios de la CPI, incluida la congelación de sus activos. En agosto de 2025, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, acusó a la Corte de ser «un instrumento de guerra jurídica». En diciembre, 11 jueces y fiscales de la CPI habían sido objeto de sanciones por parte de EE. UU. Posteriormente, a mediados de julio, el Departamento de Estado lanzó una campaña para desmantelar la Corte.
El comportamiento reciente de EE. UU. —actuando como si se pudiera confiar en la CPI frente a un enemigo, pero nunca frente a un amigo— ignora que el Estatuto de Roma se basa en la complementariedad. La CPI es un tribunal de última instancia que interviene únicamente cuando un gobierno nacional no investiga de buena fe los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. La objeción jurisdiccional de Israel, según la cual Palestina no es un Estado, oscurece la salida sensata: una investigación genuina de los crímenes denunciados por el fiscal de la CPI.
En cambio, Israel y EE. UU. han puesto en el punto de mira a los funcionarios de la CPI. Pero el desprecio no resulta especialmente eficaz. El objetivo de la CPI al emitir órdenes de detención no es la detención —carece de la autoridad policial para llevar a cabo arrestos—. Más bien, su influencia radica en hacer que resulte costoso para los imputados dejarse ver junto a determinadas figuras. Putin, por ejemplo, no puede entrar en ninguno de los 125 países que han ratificado el Estatuto de Roma sin correr el riesgo de ser detenido, razón por la cual optó por asistir por videoconferencia a la cumbre del BRICS de 2023 en Sudáfrica. De manera similar, la orden de detención contra Netanyahu le obliga a plantearse si otros gobiernos podrían sentirse obligados a actuar en caso de que él los visitara. Las sanciones de EE. UU. no han aliviado esta preocupación.
Hay quien podría argumentar que la ley no es más que un reflejo del poder político: la CPI se centra en Putin en lugar de en los funcionarios estadounidenses porque Rusia, a diferencia de Estados Unidos, carece de aliados. Desde esta perspectiva, las consecuencias afectan a los débiles.
De hecho, el poder es efímero. A pesar de que se le concedió inmunidad jurídica como expresidente de Chile, el general Augusto Pinochet, que presidió un reinado de terror de 17 años, fue detenido en 1998 en un hospital de Londres mientras se recuperaba de una operación quirúrgica. Un juez español había invocado la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura para solicitar la extradición de Pinochet.
Aunque Pinochet evitó el juicio y falleció en 2006, su detención sentó un precedente jurídico. En 2016, un tribunal senegalés aplicó los mismos principios para condenar al exdictador chadiano Hissène Habré a cadena perpetua. Del mismo modo, el dictador serbio Slobodan Milošević acabó enfrentándose a la justicia, falleciendo bajo custodia en La Haya durante su juicio por crímenes de guerra.
La ley no alcanzó a estos hombres hasta que ya habían dejado sus cargos. Pinochet se había jubilado; Habré estaba en el exilio; Milošević había sido derrocado. Primero cae el líder y luego viene el juicio. La protección que ofrece el poder no hace más que retrasar la rendición de cuentas.
La importancia de los casos pendientes ante la CPI es secundaria frente al patrón que revelan. Tras 1945, Estados Unidos estableció un orden mundial en el que las disputas han sido resueltas en gran medida por instituciones sobre las que Estados Unidos ejerce su influencia. Más tarde se introdujeron mecanismos de rendición de cuentas, como la CPI y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para desafiar este dominio. Ahora, un magistrado de un Estado menos influyente puede oponerse a un gobierno poderoso sin su permiso. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una denuncia por genocidio contra Israel ante la CIJ por su actuación en Gaza; un mes después, la CIJ dictó medidas provisionales.
Estados Unidos no puede vetar las decisiones de la CPI o de la CIJ como sí puede hacerlo con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto deja a Estados Unidos con dos opciones: sumarse al sistema e influir en él desde dentro, o boicotear estos tribunales y renunciar a cualquier voz en el asunto. Estados Unidos ha optado por lo segundo, lo que no detiene el avance del derecho internacional, sino que, más bien, cede la pluma a otros países.
Para llevar a Putin ante la justicia, Estados Unidos necesitaba la influencia de un tribunal respetado a nivel mundial que no estuviera bajo su control. Ahora está intentando empañar la reputación de ese mismo tribunal en nombre de la protección de un aliado, renunciando al derecho internacional por principio, incluso cuando el mundo se divide en bloques rivales y la cuestión de quién establece las normas está, por primera vez, totalmente abierta.
Pinochet creía que en Londres estaba fuera del alcance de la ley. Se equivocaba. Estados Unidos está haciendo la misma apuesta a una escala mucho mayor: que las leyes internacionales que ayudó a redactar nunca puedan utilizarse en su contra.