El país no olvida.
Pero tampoco ha terminado de entender.
Ha pasado un año desde la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo de la discoteca Jet Set colapsó en pleno concierto de Rubby Pérez (fallecido), dejando 236 muertos y 180 heridos.
Un año después, el hecho sigue sin cerrarse. No en los tribunales. No en la memoria. No en quienes estuvieron allí.
Yo estuve allí. No como testigo directo del colapso, pero sí de lo que vino después: la incertidumbre que se instaló en la madrugada, las listas incompletas, los nombres que se repetían en voz baja antes de confirmarse en voz alta. Estuve cuando el país dejó de ser rutina y se convirtió en sala de espera.
Cubrir el Jet Set desde mi posición como periodista no fue cubrir una tragedia más. Fue cubrir un quiebre.
Lo que ocurrió esa noche no fue solo un accidente. Fue el punto donde se cruzaron demasiadas preguntas sin responder: sobre supervisión, sobre responsabilidad, sobre una cadena de decisiones que, hoy sabemos, no empezó esa madrugada.
Un año después, el caso sigue moviéndose, pero no necesariamente avanzando al ritmo que esperan las víctimas.
El Ministerio Público ha solicitado la apertura a juicio contra los propietarios del establecimiento, imputados por su presunta responsabilidad en el colapso. Mientras tanto, el proceso se estira en el tiempo.
Hay, además, una dimensión que no puede quedar fuera.
La del Estado.
Porque la supervisión de infraestructuras, la fiscalización de espacios de alta concurrencia y la verificación del cumplimiento de normas de seguridad no son responsabilidades accesorias. Son funciones básicas.
El Jet Set no operaba al margen de ese sistema.
Es por esto que, la discusión no puede limitarse a lo ocurrido dentro del establecimiento. También obliga a mirar hacia los mecanismos de control que debieron existir y no evitaron la tragedia.
Y en paralelo, algo aún más incómodo: víctimas han abandonado el proceso judicial. No porque el caso haya terminado, sino por el desgaste, que considero es una forma de expulsión silenciosa.
Ahí está una de las claves de este aniversario.
No es solo lo que pasó. Es lo que está pasando.
Porque el riesgo no es el olvido inmediato (ese no ocurre en tragedias de esta magnitud), sino algo más sutil: la normalización. El momento en que el caso deja de ocupar titulares diarios y empieza a diluirse entre otras urgencias.
Pero hay cosas que no deberían diluirse.
Como la memoria.
Y como la justicia.
Un año después, la pregunta ya no es únicamente qué ocurrió esa noche, sino qué está haciendo el sistema con lo que ocurrió.
La justicia no debe medirse en cuantos expedientes tenemos abiertos, sino en la capacidad de sostener a quienes siguen esperando.
Y esa espera también la he visto.
La he visto en las audiencias (que han sido pospuestas), en las declaraciones que se repiten de los familiares de los fallecidos. La he visto en las victimas que se han aprendido los términos legales sin haber querido nunca necesitarlos. La he visto en su cansancio.
Ese cansancio es peligroso, porque es ahí donde los casos empiezan a perder fuerza. No por falta de gravedad, sino por exceso de tiempo.
El Jet Set no es un caso cerrado. Es un caso en proceso. Y también es una prueba.
Es una prueba para el sistema judicial, que debe demostrar que puede responder a una tragedia de esta magnitud.
Una prueba para el Estado, que también debe responder por los controles que no evitaron lo ocurrido.
Y una prueba para la sociedad, que debe decidir si la memoria es un acto puntual o una práctica sostenida.
Un año después, el país sigue preguntando.
Y esa yo creo que es la forma más honesta de recordar: no convertir la tragedia en consigna, sino en una interrogante persistente.
Mientras la respuesta no llegue, el Jet Set no es pasado.
El Jet Set es presente.