“En el primer cuarto del siglo XXI, la Constitución Dominicana fue reformada cuatro veces”. Lo del promedio estadístico y su ponderación ética o cualitativa corresponderá a cada quien. Ahora bien, en los hechos, los libros de historia recogerán que dos de ellas (2002 y 2015) fueron realizadas con el expreso fin de confeccionar un traje constitucional a la medida que permitiera a los gobernantes de turno –Mejía y Medina– burlar la prohibición expresa que les impedía optar por la reelección consecutiva.
Asimismo, dirán que otra (2010) fue un sincero ejercicio de adecuar el texto constitucional a las nuevas realidades y desafíos de la sociedad dominicana de aquel entonces –diferente a la de 1966–, que desembocó en la más moderna Constitución en materia de derechos fundamentales y garantismo, pero que al final quedó con una mancha; con el tufillo a tiburón podrido que generó la sospecha de que, en paralelo al deseo inequívoco de dotar al país de una Constitución moderna, subyacía el interés de lograr una habilitación que permitiera al presidente Fernández burlar el “nunca jamás” que recaía sobre él, poner el millero presidencial en cero y empezar de nuevo.
Si todo lo dicho por el presidente Abinader el pasado lunes se concreta en hechos del 16 de agosto en adelante, la historia deberá reseñar que la reforma de 2024 habrá sido la única que tuvo como objetivo primario imponer un freno al poder, desde el poder; y más allá del rifirrafe doctrinario que se gestará en torno a su pertinencia, alcance y legitimidad; resonará el eco del debate epistolar (aún irresuelto) entre Jefferson y Madison, donde ambos diferían en torno a si una Constitución puede atar el presente y futuro de los vivos, al designio de los muertos que en el pasado que la redactaron.
La historia dominicana da cuenta de que cuando un presidente intenta modificar la Constitución para reelegirse, se abren las puertas del caos y el desorden; de ahí que prestos a elegir, así como no deberíamos poner candados con cláusulas pétreas en aspectos eminentemente políticos –para no condicionar el futuro–, lo cierto es que, desde 1844, todo nuestro presente permanente ha sido condicionado por esa funesta figura; por lo que cerrar el camino al coqueteo reeleccionista, es una obligación moral e histórica.
Con mucha responsabilidad el presidente esbozó el pasado lunes los lineamientos de su propuesta de reforma constitucional y aleccionó a los legisladores de su partido para que se circunscriban –so pena de consecuencias– a lo estrictamente establecido en la ley de convocatoria… y el mensaje fue claro. Posiciones a favor y en contra en todos los temas habrá, y serán válidas y legítimas las discusiones jurídicas y los reclamos opositores; y así como el gobierno pudiera simplemente ignorarlas, asimismo tiene la obligación de escucharlas… y esperamos que así sea.