En agosto de 1999 se promulgó la Ley 86-99 que creó el Ministerio de la Mujer, organismo responsable de establecer normas y coordinar la ejecución de políticas y planes para la inclusión y el pleno goce de los derechos de la mujer. Han pasado poco menos de 26 años desde aquella ley promulgada, y aunque hay avances destacables, los retos siguen siendo importantes; y, atado a esos retos, la innegable realidad que estamos lejos de ser un país dispuesto a tener una mujer como presidente.
Recuerdo como hoy, en el año 2017, cuando en mi calidad de directora de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), di un discurso a propósito de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. En mis palabras, resalté la dicotomía entre la cantidad de mujeres que ingresan a estudiar en todos los niveles, y las escasas opciones de acceso al empleo y a buenas remuneraciones que tienen en el campo laboral.
En aquel año, cité la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2015), la cual reflejó que en el país las mujeres representaban el 59.6% de la población de 15 años o más que había cursado alguna carrera universitaria, mientras que los hombres alcanzaban el 40.4%. No obstante esos números, al momento de ocupar puestos de trabajo, la realidad se invertía, dado que de los hombres que cursaron estudios universitarios lograban encontrar empleo en un 81.3%, dejando a las mujeres, en igual condición académica, con una tasa de ocupación laboral de un 66.3%.
Eso en el plano académico/económico. Si nos vamos a la paridad política, la realidad es igual de asimétrica. Lo confirma el Índice de Paridad Política (IPP) de Atenea de finales de 2023, una iniciativa regional de varias entidades multilaterales, la cual le otorgó al país un puntaje de 49.2 sobre 100, basado en el ejercicio de derechos políticos de las mujeres. República Dominicana logró puntuaciones que fluctuaron entre los 60 puntos, cuando hablamos de la participación en lo judicial y electoral; y 30 puntos cuando se analiza la situación de la mujer en la igualdad que la Constitución y el marco legal establecen.
¿Y la participación política de la mujer? A medio camino, por ponerlo elegante. El país obtuvo 56.4 puntos en cuanto a la mujer y partidos políticos; 54.9 cuando se analiza el poder ejecutivo y la administración pública; 51.1 con relación a mecanismos de cuota o paridad; 49.3 en el ejercicio del derecho al sufragio; poder legislativo (47.1) y gobierno local (42.2).
Esto solo queda refrendado cuando vemos la participación y presencia de la mujer en los poderes del Estado. Aunque el padrón está compuesto en un 51% por mujeres, esto no se refleja ni de cerca en las posiciones que la mujer ocupa en el Congreso Nacional, o en el gabinete ministerial del actual gobierno. En el Senado, por ejemplo, de 32 legisladores, tan solo cuatro son mujeres; mientras que, en la Cámara de Diputados, de 222 legisladores, 70 son del sexo femenino, es decir, tan solo una tercera parte. En el gabinete de ministros, lo propio: tan solo la ministra de la Mujer y la de Interior y Policía son mujeres, para un total de tres si sumamos a la procuradora general de la República.
Mucho se ha debatido en años recientes sobre el ascenso de la mujer en el aparato económico y político, espacios que se ha ido ganando a pulso, pero el trecho sigue siendo importante. Los datos están ahí: los avances son reales, pero a paso lento, lo que indica que aún no hemos alcanzado la consolidación definitiva de la mujer como protagonista de todos los aspectos de la vida nacional.
Es más que una cuestión de moda, o de dignidad con la persona independiente de su género; que la mujer asuma el rol que le corresponde es un paso estrictamente necesario. ¿Cuándo veremos ese ascenso definitivo? Difícil decir. ¿Estamos preparados para una mujer presidente? Preparadas podemos estar, otra cosa es si la sociedad dominicana así lo desea y lo permite.