En las últimas semanas, el medio oficial de la Santa Sede, Vatican News, describió en un artículo la situación en la isla de Santo Domingo como “dos infiernos para un mismo pueblo”. La expresión revela más falta de información que una opinión madura.
Por eso es necesario dejar claro que el verdadero drama tiene lugar en Haití, en el debilitado orden institucional en el que están sumidos millones de ciudadanos bajo el dominio de grupos armados y sin una estructura estatal capaz de garantizar seguridad, salud o justicia.
Eso es así porque en Haití el debilitado orden institucional es consecuencia directa de la falta de estabilidad, de una clase política debilitada o ausente, de una policía sin recursos, de grupos armados que controlan regiones enteras, así como de una violencia generalizada que deja más de 5 millones de haitianos en situación de inseguridad alimentaria (según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU).
República Dominicana, en cambio, es un Estado de derecho, con institucionalidad vigente, que proporciona seguridad, salud, educación y otros servicios básicos tanto a ciudadanos como a más de un millón de inmigrantes haitianos que están en territorio dominicano. Según el Banco Central de la República Dominicana, el gasto en salud destinado a atender a la población extranjera en los hospitales públicos superó en 2021 los RD$ 10,000 millones de pesos, aumentando en más de 30% en comparación con años anteriores.
Por ejemplo: Más del 30% de los partos en el sector hospitalario están a cargo de mujeres haitianas, según el Servicio Nacional de Salud (SNS). Esto significa que el Estado dominicano absorbe el costo de miles de partos, atenciones de urgencia, cirugía y otros servicios de salud sin que estos pacientes puedan realizar aportes tributarios o de seguridad social.
De igual forma, en el sistema de educación pública, más de 90,000 estudiantes de origen haitiano reciben enseñanza sin costo para ellos pero con una inversión anual de millones de pesos en maestros, infraestructuras y materiales.
Esto pone una carga importante en el presupuesto nacional destinado tanto a salud como a educación.
Este es el marco en el cual el Estado dominicano tiene que implementar políticas de seguridad en la frontera y en el territorio nacional. Esto no es falta de solidaridad, sino obligación de salvaguardar primero el orden institucional, el acceso de los dominicanos más vulnerables a los servicios básicos y el mantenimiento de la estabilidad social en el país.
Además, la ingobernabilidad en el país vecino tiene consecuencias en toda la región. La falta de seguridad en Haití propicia el crimen transfronterizo, el tráfico de armas, de drogas y de personas, aumentando así los riesgos tanto para el territorio dominicano como para toda Centroamérica y el Caribe. Frente a ese panorama, cuando el medio oficial de la Santa Sede —al igual que BBC Mundo cuando en 2021 calificó de “polémico” el muro que República Dominicana levanta en la frontera— pone en el mismos lugar a ambas naciones, deja de destacar una realidad: República Dominicana enfrenta las consecuencias de la crisis en el país más pobre de Latinoamérica sin dejar de atender tanto a ciudadanos como a millones de inmigrantes.
Ese esfuerzo tiene consecuencias en el orden institucional, en el presupuesto de salud y de educación, en el fortalecimiento de la seguridad y en el manejo de recursos escasos pero críticos.
Lo más paradójico es que ni el Reino Unido (sede de BBC) ni el estado vaticano (sede de la Santa Sede) están asumiendo una carga relevante en aliviar esta situación. Por el contrario, reciben muy poca o ninguna de la presión migratoria haitiana y muestran poca inversión en el territorio más golpeado.
La pesada carga recae así, de forma injusta pero irrefutable, en República Dominicana. Este planteamiento reflexivo pero contundente deja en evidencia que el “doble infierno” que describe Vatican News es en realidad consecuencia de un debilitado orden institucional en Haití, así como de la pesada carga que enfrenta República Dominicana en atender tanto a sus ciudadanos como a los más vulnerables que llegan en busca de refugio.
La República Dominicana tiene toda la autoridad soberana de implementar políticas que salvaguarden primero el interés de sus ciudadanos, respetando los más básicos valores humanitarios en el proceso.