La identidad de un individuo es la concreción de su individualidad. A nivel institucional, se corporiza en un documento y en el marco jurídico subyacente que lo legitima, y que funciona como mecanismo de preservación de sus características biométricas; señalando también su vinculación jurídica con el país que lo expide, y los derechos y obligaciones que surgen en función de ese vínculo.
Eso que llamamos cédula de identidad y electoral refleja el grado de desarrollo de nuestro país, donde un mismo documento sirve de identificación, pero también de acreditación de los derechos civiles que se ejercen en función de la nacionalidad y la condición jurídica dentro del territorio.
Precisamente por eso, adquiere relevancia la licitación pública internacional JCE-CCC-LPI-2024-0001 iniciada por la Junta Central Electoral (JCE) el pasado mes de febrero, no sólo porque al término del mismo se contratará a un consorcio que suplirá los materiales, equipos y servicios relacionados a la impresión de la nueva cédula; sino porque también se dotará de un nuevo documento de identidad a todos los dominicanos que a la fecha lo tienen vencido (y a los que vendrán).
Una nueva cédula constituye una oportunidad de incrementar las medidas de seguridad del documento de identificación por excelencia dentro del territorio nacional, que es el que acredita la identidad de cada ciudadano y lo habilita para poder realizar actos de su vida pública o privada.
Por la trascendencia de la licitación en términos cuantitativos y cualitativos, muchas empresas manifestaron interés en participar (19), pero el rigor y celo profesional demostrado por la JCE desde el comienzo mismo del proceso permitió que el concurso fuera organizado al amparo de unos Términos de Referencia (TDRs) robustos, que significaron que a la “Fase A” de la licitación sólo accedieran tres consorcios internacionales, con probada trayectoria, experiencia y hoja de servicios. La denominada “prueba de concepto” (marzo) sirvió para que los mismos pudieran demostrar, “en terreno” la fiabilidad y solvencia técnica de sus propuestas, metodología y “know how”.
El pasado martes 29, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, puso a conocimiento del país de que, de esos tres consorcios, sólo uno (EMDOC) había cumplido los parámetros técnicos con el puntaje requerido (59 sobre 70), por lo que sólo restaría la apertura del sobre B (propuesta económica), para determinar si el mismo cumple o no, y, en caso afirmativo, adjudicar, en razón de ser el único consorcio acreditado satisfactoriamente.
El nivel de transparencia y rigor técnico mostrado por la JCE durante todo el proceso merecen todo el apoyo y reconocimiento. La trayectoria de las empresas que componen el único consorcio que logró acreditarse técnicamente, pone a los dominicanos más cerca de contar con un documento de identidad acorde a los desafíos y realidades del siglo XXI.