La pandemia de COVID-19 nos dejó valiosas lecciones. Nos recordó que la salud pública no depende solo de hospitales ni de las vacunas, y puso sobre la mesa conversaciones sobre conceptos que solían quedar reservados al ámbito científico especializado.
Uno de estos conceptos es la biocustodia, que, en palabras simples, es el conjunto de acciones orientadas a proteger los materiales biológicos y la información asociada, para evitar pérdidas, accesos indebidos o un uso inadecuado, que pueda representar riesgo para la población.
La biocustodia juega un papel esencial en centros de salud, la industria y en toda institución que trabaje con agentes biológicos. Sus efectos trascienden a la comunidad porque fortalecen la capacidad de nuestras instituciones para garantizar que los riesgos biológicos se manejen de manera responsable y transparente.
Un sistema de biocustodia robusto no solo protege a la población local, sino que también fortalece la salud global, refuerza la confianza internacional, facilita la cooperación entre países y reduce el riesgo de que un incidente aislado escale a una crisis regional o global. La historia ofrece ejemplos claros de esto: el ébola, en África occidental y, más recientemente, el COVID-19, que iniciaron como situaciones localizadas y en poco tiempo se transformaron en desafíos internacionales con impacto en la economía, la movilidad y la vida cotidiana.
En esencia, la biocustodia actúa como garantía de seguridad para la sociedad: invisible cuando funciona, indispensable cuando falta.
En esta materia, la República Dominicana ha asumido compromisos internacionales concretos. Es Estado parte de la Convención sobre Armas Biológicas (BWC), lo que obliga a evitar el desarrollo o uso de agentes biológicos con fines lesivos. Asimismo, ha alineado sus esfuerzos con la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU, que obliga a prevenir el uso indebido de materiales biológicos. Además, ha participado en ejercicios regionales de implementación junto a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), y ha desarrollado planes de acción para reforzar controles, regulaciones y protocolos de seguridad biológica.
Ahora bien, ¿qué pueden aportar las universidades al fortalecimiento de la biocustodia? Su rol es fundamental y se manifiesta de dos maneras principales: forman a las generaciones de profesionales para trabajar en centros de salud, institutos de investigación y laboratorios especializados. Al mismo tiempo, son el espacio donde nacen innovaciones y proyectos científicos que deben gestionarse con responsabilidad y transparencia para asegurar que los avances generen beneficios sin convertirse en riesgos.
Sin embargo, la contribución puede ir más allá de las aulas y de los laboratorios. Las universidades tienen el potencial de crear espacios de articulación multisectorial, así como de redactar protocolos y políticas que traduzcan estándares internacionales al contexto local. A medida que la academia asume este rol, contribuye a que el país consolide prácticas de investigación alineadas con estándares internacionales y una ciencia más segura.
Un ejemplo de cómo este potencial puede materializarse es la experiencia de la Universidad Iberoamericana, Unibe, pionera en la creación de una Política Institucional de Bioseguridad y Biocustodia en el país, junto con la conformación de un comité especializado. Esta política contribuye a establecer un marco claro de reglas y responsabilidades en investigación, adapta estándares internacionales a la realidad local y abre un camino para que otras instituciones académicas fortalezcan la seguridad en la ciencia desde sus propios espacios.
Para consolidar un sistema nacional robusto en esta materia es fundamental que la biocustodia se convierta en una práctica extendida en toda la educación superior dominicana. La integración plena de las universidades en un esquema de biocustodia garantiza que la ciencia se desarrolle de manera segura y responsable, fortaleciendo la confianza de la población en la ciencia realizada en el país y contribuyendo a la seguridad biológica global desde lo local.
La Dra. Ana Celia Valenzuela González es directora del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) de la Universidad Iberoamericana, Unibe, y presidenta del Comité Institucional de Bioseguridad y Biocustodia. Integrante de iniciativas de la Federación Internacional de Asociaciones de Bioseguridad (IFBA) orientadas a fortalecer la bioseguridad y la biocustodia en América Latina y el Caribe.