Donald Trump ha convertido los aranceles en una herramienta central de su política exterior. El pulso con Dinamarca por Groenlandia y las tensiones recurrentes con la Unión Europea muestran hasta qué punto Washington está dispuesto a utilizar el acceso a su mercado como mecanismo de presión política. En un mundo profundamente interdependiente, esta “diplomacia de aranceles” no se limita al eje Washington–Bruselas, sino que termina afectando también a América Latina y el Caribe, ya sea por impactos directos o por la reconfiguración de cadenas de valor y alianzas comerciales. El caso de Groenlandia es ilustrativo. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue tajante al afirmar que el territorio no está en venta y que pertenece a su pueblo, en ejercicio de su derecho a la autodeterminación. La reacción firme de un aliado histórico evidencia un malestar más profundo: la percepción de que Estados Unidos recurre cada vez más al chantaje económico cuando sus demandas políticas no son aceptadas.
En este contexto, Trump ha retomado la imposición de aranceles selectivos contra la Unión Europea, presentándolos tanto como castigo como instrumento de negociación. Esta lógica concibe el comercio como una extensión directa del poder nacional, erosionando la confianza entre aliados tradicionales, introduciendo volatilidad regulatoria y enviando un mensaje claro al resto del mundo: ningún socio está a salvo de convertirse en objetivo si se aparta de las prioridades de Washington.
Los aranceles ya no se justifican únicamente por déficits comerciales o protección industrial. Hoy se emplean para forzar cambios de conducta en ámbitos tan diversos como la seguridad, la tecnología, la migración e incluso cuestiones territoriales. Esta securitización del comercio debilita las reglas del sistema multilateral y acelera la fragmentación en bloques, donde cada actor busca protegerse frente al uso coercitivo de la interdependencia.
Para América Latina y el Caribe, esta dinámica tiene efectos concretos. Por un lado, aumenta la volatilidad de precios y flujos comerciales; por otro, incrementa la presión para alinearse en disputas ajenas. En algunos casos, la región puede beneficiarse de manera coyuntural, como cuando China redirigió compras de soja hacia Argentina y Uruguay, o cuando México diversificó proveedores de carne. Sin embargo, estos beneficios son frágiles y reversibles, dependientes de decisiones políticas unilaterales.
El costo estructural es más profundo: una mayor dependencia de mercados volátiles y la normalización de un modelo que podría volverse contra los propios países latinoamericanos. No es difícil imaginar escenarios en los que futuros gobiernos estadounidenses utilicen aranceles agrícolas o industriales como castigo por desacuerdos en migración, política ambiental o relaciones con otros actores globales.
Frente a esta realidad, la pasividad no es una opción. América Latina y el Caribe necesitan diversificar socios y cadenas de valor, profundizando vínculos con la Unión Europea, Asia y África desde una posición de mayor autonomía. Al mismo tiempo, resulta clave reforzar la integración intrarregional para reducir la vulnerabilidad frente a decisiones externas y construir mercados internos más sólidos. Una diplomacia económica colectiva, con posiciones coordinadas en foros multilaterales, también puede elevar el costo político del uso de aranceles como instrumento de presión.
La respuesta europea será determinante. La Unión Europea cuenta con un mercado amplio y una red extensa de acuerdos comerciales, pero sus divisiones internas y la lentitud para ratificar pactos clave, como el de Mercosur, limitan su margen de maniobra. Para América Latina y el Caribe, un mayor acercamiento euro–latinoamericano podría transformar la diplomacia de aranceles en una oportunidad para reposicionarse en un orden global cada vez más fragmentado.
La autora es exdiplomática, escritora y analista internacional.