La nueva ley china de “unidad étnica” profundiza un giro hacia un modelo de ciudadanía en el que la diversidad solo es aceptable si se subordina a una identidad cultural Han, presentada como base de la nación. Más que una norma de integración, el texto revela una agenda de asimilación que redefine la relación entre el Estado y sus minorías, y envía además un mensaje inquietante al mundo en un contexto de aumento del racismo y la discriminación.
La ley se presenta como un instrumento para promover la modernización mediante la “unidad” y el “progreso étnico”. Sin embargo, su contenido muestra otra lógica: prioriza el mandarín en la educación y en los asuntos públicos, reduce el espacio de las lenguas minoritarias y exige que los menores sean formados en el amor al Partido Comunista y al Estado. Cualquier conducta que pueda interpretarse como “daño a la unidad étnica” pasa a ser un riesgo político para comunidades ya sometidas a vigilancia.
El núcleo ideológico de la norma es la idea de que la cultura “Zhonghua”, entendida en clave Han, es el tronco de la nación y que las demás culturas son ramas subordinadas. Bajo ese esquema, preservar lenguas, religiones o prácticas distintas deja de ser un derecho fuerte y se convierte en una tolerancia condicionada. La promoción de matrimonios interétnicos, los incentivos a la migración Han y las restricciones indirectas a expresiones religiosas o culturales refuerzan un proceso de homogeneización demográfica y simbólica.
Esta ley aparece en un momento global marcado por el auge de discursos identitarios excluyentes. En muchos países, el racismo y la xenofobia han sido usados para movilizar electores, justificar controles más duros y erosionar normas democráticas. China ofrece una versión distinta, pero convergente: un autoritarismo que incorpora la exclusión dentro del propio diseño estatal, no desde partidos nativistas, sino desde el poder central. Aquí la diversidad no se celebra; se administra como un problema de seguridad.
El mensaje al mundo tiene tres implicaciones. Primero, normaliza la idea de que la homogeneización cultural es necesaria para la estabilidad política. Eso puede resultar seductor para gobiernos que enfrentan tensiones étnicas o religiosas y prefieren el control antes que la inclusión. Segundo, debilita el sistema internacional de derechos humanos, porque una potencia de gran peso económico y político puede terminar imponiendo estándares más permisivos frente a la discriminación estructural. Tercero, contrasta con los esfuerzos de regiones como la Unión Europea, que han reforzado sus políticas contra el racismo, mostrando un escenario mundial cada vez más fragmentado.
El impacto simbólico es profundo. La ley dice a las minorías del mundo que sus luchas por reconocimiento cultural, lingüístico y religioso no solo enfrentan resistencias locales, sino también modelos globales que ven la diferencia como amenaza. Al mismo tiempo, ofrece a líderes autoritarios un ejemplo de cómo justificar la restricción de derechos en nombre de la unidad y el desarrollo.
Frente a esto, la respuesta no puede quedarse en la condena retórica. Se requieren coaliciones internacionales que defiendan no solo la igualdad formal, sino el derecho efectivo a ser diferente sin sufrir exclusión. La ley china de “unidad étnica” es, en suma, una advertencia: en tiempos de crisis, el mundo puede avanzar hacia más pluralismo y dignidad, o hacia proyectos de homogeneización que vacían de contenido la diversidad humana.
La autora es exdiplomática, escritora y analista internacional.