A Juan Bosch, en su monumental obra histórica, se le atribuye haber patentizado la periodización de la historia dominicana en ciclos a partir de la independencia nacional. La primera República abarca el período posterior a la independencia de 1844, cuando un grupo de liberales intentó crear una nación con bases republicanas, pero que terminó marcada por la inestabilidad constitucional y el despotismo de los caudillos Pedro Santana y Buenaventura Báez.
La segunda República inició a partir de la Restauración de 1865, un renacer de las ideas liberales luego de la larga noche de las ocupaciones haitiana y española. El “despertar restaurador”, con el general Gregorio Luperón a la cabeza de un movimiento social que impulsó la recuperación de la soberanía nacional y creó el Estado nacional, concluyó en luchas fratricidas de los caudillos restauradores, lo cual abrió las puertas a un largo período de cruentas dictaduras conservadoras.
Esa división política se expresó en el resquebrajamiento de la Constitución liberal de 1865, cuya caída hizo sobrevenir una estructura de organización de un Estado autoritario basado en la concentración excesiva del poder en manos de los caudillos conservadores que predominaron.
Tras poco más de año y medio de feroces combates (1863-1865), España fue derrotada y tuvo que evacuar su ejército, con un saldo de gran costo económico y alrededor de 10 mil soldados muertos, una cifra verdaderamente alarmante, que nos da una idea clara del carácter social de esa guerra.
Con la salida de las tropas españolas, el primer gobierno formal quedó encabezado por el general José María Cabral, quien adoptó una nueva Constitución que fue proclamada el 14 de noviembre de 1865. Se puede decir que los postulados de esa Carta Política rescataban el paradigma liberal de la Constitución de Moca de 1858, que recogía los ideales y anhelos de los independentistas y restauradores; políticos e intelectuales cibaeños que aspiraban a establecer un gobierno de corte liberal.
El texto de la Constitución progresista eliminó las restricciones económicas al sufragio, se reorganizó la estructura del Estado y se reforzaron los derechos de los ciudadanos.
Empero, la Carta Política de 1865 fue “una estrella fugaz” en el borrascoso firmamento constitucional dominicano. Apenas en 33 días se produjo su estrepitosa caída.
Esa fue la consecuencia del recrudecimiento de las luchas internas entre las facciones restauradoras, un “traje estrecho” en que no cupo el pensamiento liberal; coyuntura que aprovechó un grupo de militares pertenecientes al bando de Buenaventura Báez para sublevarse contra el gobierno liberal e imponer al caudillo azuano como nuevo presidente de la República, quien se había mantenido en el exilio durante la guerra contra la anexión.
El 8 de diciembre de 1865 Báez se instaló en el gobierno y de inmediato procedió a derogar la Constitución adoptada apenas el mes anterior, sustituyéndola por la Constitución autoritaria de Santana de diciembre de 1854.
A partir de ese momento se iniciaría en el país un período de guerras entre los rojos de Báez y los líderes restauradores, escenario en el que cada vez que uno de los bandos derrocaba al otro y se instalaba en el poder, derogaba la Constitución anterior y proclamaba la suya.
Sucedió, por ejemplo,
Sucedió, por ejemplo, apenas meses después cuando los azules, al mando del general Gregorio Luperón, quien había salido de la guerra de la Restauración con mucho prestigio y convertido en el líder de los azules, obligaron a Báez a renunciar a la Presidencia de la República el 28 de mayo de 1866 y salir al exilio nueva vez.
Tan pronto los azules tomaron las riendas de la nación convocaron una asamblea revisora que proclamó una nueva Constitución el 27 de noviembre de 1866, que en los hechos resultó muy parecida a la Constitución liberal de 1865, adoptada en la corta presidencia de José María Cabral.
Esa Constitución duró casi dos años, el tiempo que los azules permanecieron en el poder antes de ser derrocados nuevamente por los rojos de Báez, lo cual supuso el regreso del caudillo sureño al poder y, otra vez, la reinstalación de la Constitución santanista de diciembre de 1854.
Los azares de ese epílogo del liberalismo dominicano en la primera República marcarían un fracaso del que sólo se pudo reponer en la última década del siglo XX.
El autor es juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)