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Muchas personas desean divorciarse, pero enfrentan un obstáculo inesperado: no saben dónde vive su cónyuge. La pareja emigró, cambió de dirección o, sencillamente, se perdió todo contacto.
¿Significa esto que el matrimonio queda atrapado para siempre? No. Nuestro ordenamiento ofrece una salida: el divorcio por domicilio desconocido.
El divorcio en la República Dominicana se rige por la Ley 1306-bis, de 1937. Su artículo 3 establece que la demanda se interpone ante el tribunal de primera instancia del lugar donde reside el demandado; y, cuando este no tiene residencia conocida en el país, ante el del domicilio del demandante.
Para notificar a quien no tiene paradero conocido, el artículo 69, numeral 7, del Código de Procedimiento Civil dispone que el emplazamiento se fije en la puerta principal del tribunal que conocerá la demanda y que se entregue una copia al fiscal.
Ahora bien, este procedimiento no es un atajo ni una forma de «hacer desaparecer» al otro cónyuge. La Suprema Corte de Justicia ha sido clara: antes de acudir a esta vía, el alguacil debe agotar todas las gestiones razonables para localizar a la persona y dejar constancia de ello.
Por eso, en la práctica se recomienda publicar un aviso en un periódico de circulación nacional, como prueba de que se hizo un esfuerzo real por ubicar al demandado.
¿Por qué tanto cuidado? Porque detrás de estas formalidades hay un derecho fundamental: el derecho de defensa, consagrado en el artículo 69 de la Constitución, que garantiza a toda persona ser oída antes de que una decisión afecte sus intereses.
Si alguien aporta una dirección falsa o se salta los pasos para «agilizar» el divorcio, la sentencia queda en terreno frágil. El cónyuge ausente puede enterarse meses o años después y, al no haber sido notificado en su persona, el plazo para apelar comienza a correr solo a partir del momento en que tomó conocimiento. Podría entonces solicitar la nulidad del acto inicial y de todo lo actuado.
La lección es sencilla: el divorcio por domicilio desconocido es una herramienta legítima y útil, pero exige buena fe y rigor.
Hecho correctamente con la búsqueda documentada y el acompañamiento de un abogado resuelve el problema y produce una sentencia sólida. Hecho a la ligera, puede convertirse, años más tarde, en un problema mayor que el que se quiso resolver.