Castigar el delito sin transformar las condiciones que favorecen la violencia deja intacta una parte del problema.
Cuando un joven comete un atraco o un homicidio, la primera pregunta es quién responderá por el daño. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Pero una política de seguridad debe hacerse también una pregunta anterior al delito: ¿en qué momento pudimos intervenir y quién tenía la responsabilidad de hacerlo?
Albert Bandura mostró que la agresión puede aprenderse observando a quienes obtienen ventajas con ella. Urie Bronfenbrenner, por su parte, explicó el desarrollo humano a partir de la relación entre los entornos en que transcurre la vida. Pensemos en un adolescente que deja de asistir a clases, pierde el contacto con un adulto de confianza y encuentra en un grupo delictivo dinero, protección y reconocimiento. Ninguna de esas circunstancias determina su conducta. Juntas, ayudan a entender por qué la oferta del grupo puede ganar terreno cuando la escuela, el trabajo y la comunidad dejan de ofrecerle un lugar. La pobreza tampoco condena a delinquir: en medio de carencias, muchas comunidades sostienen redes de cuidado.
En esa trayectoria también cuenta la salud mental. En una familia que vive bajo amenazas o ha sufrido pérdidas, el miedo y el duelo pueden afectar la convivencia y la capacidad de cuidar. Quien delinque puede necesitar atención por un trauma, una adicción u otras dificultades que merecen una evaluación individual. Un problema de salud mental no convierte a nadie en delincuente, y atenderlo no borra la responsabilidad por el daño. El apoyo psicológico a la persona y, cuando corresponda, a su familia debe formar parte de la prevención y continuar durante el cumplimiento de la pena y el regreso a la comunidad.
La declaración Dignitas infinita distingue la dignidad inherente a cada persona de las condiciones sociales que pueden contradecirla. Un adolescente al que nadie busca cuando abandona la escuela conserva todo su valor; lo que está en entredicho es la capacidad de las instituciones para reconocerlo en la práctica. En esa misma línea, san Juan Pablo II recordó que el desarrollo debe abarcar a la persona entera.
En la República Dominicana, tomarse en serio la prevención significa que alguien responda ante el ausentismo persistente, que una denuncia de maltrato reciba seguimiento y que la formación técnica abra paso a un empleo digno. Significa también sostener espacios deportivos y culturales donde los jóvenes encuentren adultos confiables y responsabilidades reales. Si la escuela detecta el riesgo, los servicios de protección deben saber quién acompañará al joven y a su familia, y quién verificará que la ayuda llegue.
La justicia exige que la persona responda por el delito; la prevención exige que las instituciones respondan por lo que les corresponde hacer antes de que ocurra. Si el Estado sabe localizar a un joven cuando delinque, también debe saber quién irá a buscarlo cuando deje de ir a la escuela.