El 15 de enero advertíamos que “La aprobación por parte del Senado el pasado 07 de enero del proyecto de ley que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, fue un “palo acechao” a todos los actores que inciden y coexisten en dicho sector”; y llamábamos la atención acerca de la forma festinada en que la pieza había sido aprobada en el Senado, asumiendo que la Cámara de Diputados –cónsono con la proverbial pluralidad y apertura de su presidente– realizaría un ejercicio más amplio de escucha activa de sectores afectados y que, sobre la base de criterios técnicos, se podría construir un consenso más amplio.
A juzgar por las críticas vertidas en torno al proyecto de modificación de ley que finalmente fuera aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado, parecería que la ley de referencia no satisface las legítimas preocupaciones de los principales gremios bajo los cuales se agrupa casi la totalidad del tejido productivo nacional, y que al escritorio del presidente llegará una ley que, en caso de ser promulgada, chocaría con algunos artículos del ordenamiento constitucional dominicano tales como la libre empresa, el derecho a la competencia, la prohibición de monopolios, entre otros.
Es una lástima que nuestros legisladores no pongan el mismo interés y nivel de celeridad en otras leyes y códigos que sí merecen una urgente y necesaria revisión y actualización –códigos Penal, Laboral, Civil, Comercial; leyes de Seguridad Social, Agua, y un inmenso etc.–, como el que sí han mostrado en una ley que apenas tiene cinco años de promulgada, cuyo desarrollo normativo complementario no ha sido ejecutado en su totalidad.
Toca en este momento, más que indagar las razones por las cuales se pudo en apenas siete meses lograr lo que en otras leyes no se ha podido lograr en 20 o 30 años, reiterar la alerta al presidente Abinader de que, más que una reforma de ley, a su escritorio llegará una contrarreforma a la Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos en el país.
Las manifestaciones de preocupación o rechazo dependerán de cada sector, cierto, pero los llamados de atención y solicitud de diálogo y apertura fueron asumidos por una pluralidad de gremios que van desde el CONEP, ECORED, ANADIVE, ASONAHORES, COPARDOM, AMCHAMDR, ADOCEM, CODOPYME; instituciones estatales, como PROCOMPETENCIA; y buena parte de la opinión pública nacional; que veían cómo una oportunidad de mejora de un marco normativo naufragaba en un mar de intereses particulares.
El anuncio ayer del presidente Luis Abinader de que observará la pieza en cuestión, y que la devolverá con las observaciones y sugerencias de lugar, no sólo reafirma su capacidad de escucha y vocación de diálogo y concertación, sino que también abre la oportunidad para que el congreso pueda agotar un proceso más amplio, abierto, plural y transparente, en donde participen genuinamente todos los sectores afectados.
Que así sea.