La aprobación con urgencia un 29 de diciembre y promulgación inmediata de la Ley 1-24 sobre la Dirección Nacional de Inteligencia, conocida como el DNI, es tan absurda que me ha hecho recordar varios versículos de la Biblia que la sabiduría popular resume de la manera siguiente: Dios ciega a quienes quiere perder.
Puesto que la opinión expresada por los medios de comunicación, los periodistas, las iglesias, los ciudadanos, los abogados y partidos políticos, sobre su inconstitucionalidad es unánime debido a que destruye el Estado de derecho y las garantías ciudadanas, pisotea la separación de poderes y en particular, declara innecesario el poder judicial, no voy a referirme a esos temas, sino a cuestiones puntuales relativas a la posible solución de ese follón, peor que el de Yamasá.
Si bien en esta Administración ha sido frecuente la práctica de enviar anteproyectos de ley violatorios de la norma sustantiva, todos firmados por el Presidente de la República que luego resultan retirados, en otros aunque malos, se puede advertir algún elemento razonable, de urgencia o de necesidad aparente, en este no hay ninguno.
El DNI, creado por Balaguer en 1978, luego de reordenarlo tras la Revuelta de Abril de 1965, quedó, en esencia a cargo de los norteamericanos que controlaban su accionar; su antecesor había sido el temido Servicio de Inteligencia Militar SIM de Trujillo creado en la década de los 50 y la Dirección General de Seguridad del Triunvirato que lo colocó bajo la jerarquía directa del Presidente. Durante los doce años de Balaguer que se enmarcan dentro de la caliente Guerra Fría, etapa en que sufrimos guerrilla y terrorismo urbano, lucía tener cierta justificación.
Ya en la etapa de los 10 años el Departamento Nacional de Investigaciones, sin quienes atentaran en contra del orden democrático y sin enemigos externos que amenazan la soberanía nacional, se transformó en una red de suministro de información de inteligencia sobre opositores democráticos.
Sin una función de seguridad nacional real, porque no existía el peligro por el cual se creó el DNI, siguió siéndole útil a los presidentes, ante quienes siempre respondió, para enterarse a través de una amplia rea de espías que incluye miles de camareros en todos los restaurantes, el servicio doméstico en los hogares y la pinchadura de los teléfonos, de la vida privada de las personas y de las debilidades que luego podían ser usadas en su contra como instrumento de negociación…
Pero viniendo de una cultura trujillista de invasión permanente a la vida privada de las personas a cargo del Estado, se aceptaba como un mal molesto dado como un hecho la inmoralidad del sistema estatal.
Como ejemplo el pasado año Iphone advirtió a muchos ciudadanos, quien escribe entre ellos, que por su labor o por su persona, era objeto de intervención ilegal a través de Pegasus de parte del Gobierno: Muchos comunicadores y políticos, igualmente afectados, hicieron pública esta situación. Las intervenciones, que constituyen un delito, en nuestra cultura se soportan como un mal inevitable por la falta de ética del Gobierno, de todos y ahora, en vez de terminar, se legalizan. Acá, hasta en los confesionarios hay micrófonos, sólo que ahora serán legales.
Volviendo al sentido de los versículos de la Biblia cabe preguntarse, en este momento ¿Qué necesidad tenía el Gobierno de esta ley y, cuál era la urgencia a 4 meses de las elecciones? Ninguna. Haití y Estados Unidos, no nos están invadiendo, el sistema político erradicó las conspiraciones y todos los políticos incluidos los pocos de izquierda son parte del sistema. Hasta con Cuba, Rusia y China tenemos relaciones diplomáticas.
Sobre todo qué motivo puede tener el Gobierno para eliminar con esta ley todos los avances de la Constitución del 2010, la primera Carta democrática que garantiza realmente la vigencia de los derechos de las personas.
Es más juicioso que si el Presidente de la República no envía una nueva Ley lo hagan los legisladores de la oposición.ARCHIVO/LD
Después del fiasco de la Ley de tasa cero, modificada subrepticiamente para eliminar la exención temporal al azúcar y aprobada en contra de todos los demás productores en la Cámara baja, que el Presidente hubo de retirar, luego del rollo de Aerodom, que todavía no termina y el de Ley de Bonos para el supuesto déficit presupuestario que ha puesto en manos del Gobierno más de RD$ 600 mil millones acumulados líquidos y disponibles, cantidad que ni Trujillo tuvo nunca, nada explica esta Ley y nos coloca en riesgo de default internacional. Peor, armado el embrollo público en el que se han volteado al Gobierno hasta sus voceros mejor pagados, nada explica que el Gobierno no haya buscado una solución a la metida de pata que ha constituido la Ley del DNI, que debe ser dejada sin efecto.
La Promulgación de dicha Norma que hizo el Presidente Abinader de la Ley no lo deja sin medidas adecuadas para solucionar el problema, pero la salida no es nombrar una comisión que se reúna con los directores de diarios puesto que las violaciones constitucionales no son subsanables por la vía reglamentaria y, tampoco es el derecho a la libre expresión el único problema y las “comisiones” en toda la historia del país solo sirven para enfriar el problema y dejarlo sin solución.
Ya el Presidente lo único que puede es enviar un anteproyecto de Ley derogando la Ley viciada y reintroduciendo una nueva: La República no se va a morir porque se DEROGUE esa Ley, la democracia si puede sucumbir si no se hace.
Leonel Fernández, institucionalista como siempre, ha informado que la FP recurrirá al Tribunal Constitucional, vía que ya otros 4 iniciaron pero no debemos olvidar que, primero, hay nueve jueces nuevos de Luis y, segundo, que esa alta corte, en trámites normales, tarda al menos tres años en fallar las acciones directas: en tres años muere la libertad.
Es más juicioso que si el Presidente de la República no envía una nueva Ley lo hagan los legisladores de la oposición. La solución en el Congreso Nacional, es más rápida, eficaz y natural con un solo artículo: ÚNICO, se deroga la Ley 1-24 y se reinstala, con toda su fuerza la Ley 867 de fecha 22 de julio de 1978. Lo demás es oír analfabetos en derecho constitucional, sin conocimiento de ciencias políticas y pobres en sentido común, opinando en disquisiciones eternas mientras las libertades sufren suspendidas por efectos de una ley propia de las dictaduras de más triste memoria.
El Presidente Abinader pidió no politizar el tema que él convirtió en político, como sucedió con el desvío del canal a cargo de los haitianos, por ello, la Oposición, Leonel, Abel y Miguel, deben dar prioridad a este tema, invitando al Gobierno a una solución en el Congreso Nacional o verán aumentada sus dificultades de garantizar elecciones libres y un futuro democrático para el país: De urgencia, la Ley debe ser derogada para que no haya más detenidos por protestar y la prensa pueda hacer su trabajo constitucional.