El transmite en vivo desde su carro. No es diputado, no ha dirigido una institución, no ha publicado un libro ni administrado un presupuesto. Habla cuarenta minutos sobre una ley que no ha leído completa y termina con una frase que se repetirá miles de veces esa noche: aquí nadie ha hecho nada. Al día siguiente lo entrevistan en cuatro programas. Esa es, hoy, la ruta más corta al poder en República Dominicana.
Vale la pena detenerse en la primera parte de su afirmación. ¿De verdad aquí no se ha hecho nada?
Entre 1992 y hoy, la economía dominicana creció a un promedio cercano al 5% anual, el registro más consistente de América Latina en ese período. El ingreso por habitante se multiplicó. La pobreza cayó a menos de la mitad de lo que era cuando yo empezaba a trabajar en el sector público. Somos el primer destino turístico del Caribe y una de las pocas economías de la región cuya calificación soberana ha mejorado en la última década en lugar de deteriorarse. Estos no son datos del gobierno de turno ni de la oposición: son del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la CEPAL.
Nada de eso nos exime. La educación consume una porción enorme del presupuesto y devuelve resultados de aprendizaje pobres. El sector eléctrico sigue siendo un agujero fiscal. La informalidad laboral ronda la mitad de la fuerza de trabajo. La justicia es lenta. Son problemas viejos, técnicamente complicados y políticamente ingratos, del tipo que exige diez años de continuidad para mostrar resultados y que ningún funcionario puede inaugurar con una cinta.
Precisamente por eso conviene entender el negocio del vengador. Su ventaja competitiva no está en resolver, sino en escoger el problema. Y escoge siempre uno que pueda fabricar, nombrar y desactivar dentro del ciclo de atención de una semana.
El Código Penal es el ejemplo del momento. El país acaba de sustituir un código de 1884, después de casi treinta años de intentos frustrados por Congresos de todos los colores. La nueva pieza tipifica el feminicidio, el sicariato, los delitos tecnológicos, los ataques con ácido. Es probablemente la reforma institucional más importante de esta década. El debate sobre difamación e injuria era legítimo y había que darlo; el Presidente lo atendió, recibió a periodistas y comunicadores, y el Congreso modificó el artículo cuestionado. Pero en paralelo corrió otra cosa: una etiqueta, «ley mordaza», aplicada a una ley que no lleva ese nombre y que muy pocos de los que la denuncian han leído. La etiqueta se volvió más grande que el texto. Y sobre la etiqueta se montaron candidaturas.
América Latina lleva quince años haciendo este experimento. Perú tuvo seis presidentes en menos de una década, casi todos llegados como outsiders con la promesa de limpiar un sistema podrido; el sistema sigue igual y el país perdió una década de crecimiento. En Ecuador, en Guatemala, en Argentina, la secuencia varía en el detalle pero no en la estructura: el desprestigio de lo existente precede siempre a la oferta de lo providencial.
Lo que aquí está en juego no es una ley ni un candidato. Es si la próxima generación de dominicanos va a evaluar a sus dirigentes por lo que administraron o por cuánto indignaron.
Hay una diferencia entre exigirle más a un país que funciona y convencerse de que no funciona. La primera es la base de cualquier agenda seria de continuidad y reforma. La segunda es la puerta de entrada de gente que nadie pidió y que no sabría qué hacer el lunes por la mañana.