Durante años, académicos y responsables de políticas han advertido que los gobiernos se han vuelto demasiado dependientes de asesores externos. En su libro de 2023, The Big Con, Mariana Mazzucato y Rosie Collington sostienen que la creciente dependencia de consultores por parte de los gobiernos ha debilitado a las instituciones públicas al privarlas de conocimientos, criterio y capacidad para resolver problemas. El ejemplo más claro puede ser el del Reino Unido, donde décadas de externalización, privatización y reformas en materia de gestión han erosionado la capacidad del estado para pensar por sí mismo.
La IA hoy está reescribiendo la economía de la capacidad estatal, permitiéndoles a los gobiernos recuperar capacidades que antes se confiaban a asesores externos. Si bien este cambio está llamado a afectar a todas las economías importantes, sus primeras señales, y las más reveladoras, están surgiendo en el Golfo.
Para comprender por qué los gobiernos externalizaron, por empezar, su capacidad de reflexión, hay que tener en cuenta una distinción bien conocida por los teóricos del conocimiento. En la década de 1960, el erudito húngaro-británico Michael Polanyi observó que gran parte del conocimiento humano es tácito, y que está arraigado en el criterio y la intuición más que en instrucciones escritas. Los expertos japoneses en gestión Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi posteriormente demostraron de qué manera las organizaciones crean valor al convertir el conocimiento tácito en formas codificadas que pueden almacenarse y reutilizarse. Los gobiernos y las empresas recurrieron a las consultoras porque querían acceder a esa capa tácita.
La IA está derribando esa barrera. Los grandes modelos de lenguaje ahora pueden leer, comparar, sintetizar, evaluar, modelar y recomendar líneas de actuación. No sustituyen por completo el juicio humano, pero se encargan cada vez más de tareas analíticas que antes requerían grandes equipos de especialistas.
Los efectos ya son visibles. En un estudio realizado por académicos de Harvard, Wharton, Warwick, el MIT y el Boston Consulting Group, por ejemplo, se constató que los consultores que utilizaban IA completaban las tareas de forma significativamente más rápida, al tiempo que producían un trabajo de mayor calidad. En efecto, la IA funciona como un motor a escala industrial de conversión del conocimiento, transformando los conocimientos tácitos -antes dispersos entre especialistas- en formas codificadas y compartibles.
En este sentido, la IA podría invertir el proceso identificado por Mazzucato y otros críticos de la externalización gubernamental. Mientras que la externalización ha vaciado la capacidad del estado, la IA les permite a los gobiernos recuperar parte de ella a través de sistemas que son de su propiedad y que están bajo su control. El estado vacío, en otras palabras, podría dar paso al estado encapsulado.
El Golfo ofrece un primer atisbo de cómo podría desarrollarse esta transición. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo llevan mucho tiempo recurriendo a empresas de consultoría para megaproyectos, reformas institucionales, estrategias de inversión soberana y planes de desarrollo nacional. Como resultado de ello, se proyectaba que el mercado regional del sector de la consultoría superaría los 8.000 millones de dólares en 2025, liderado por Arabia Saudita.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en muchas economías occidentales, la dependencia del Golfo de las consultoras no reflejaba un vaciamiento del estado. Más bien, surgió en paralelo a esfuerzos ambiciosos de construcción del estado, ya que los gobiernos trataban de avanzar con mayor celeridad de lo que podían sus instituciones. En el proceso, los ministerios y los fondos soberanos obtuvieron acceso a la experiencia internacional en materia de políticas, mientras que las empresas de consultoría se convirtieron en canales informales para la transferencia de conocimientos especializados en toda la región.
Si bien los gobiernos del Golfo han comenzado a recortar el gasto en consultoría, debido a las presiones fiscales y a la reciente inestabilidad regional, están invirtiendo fuertemente en capacidad informática, activos de datos nacionales y talento local en IA. Arabia Saudita es un ejemplo paradigmático: en 2024, su Fondo de Inversión Pública (PIF) puso en marcha el Proyecto Transcendence, una iniciativa de 100.000 millones de dólares destinada a fortalecer la capacidad en IA. En LEAP 2025 -la principal conferencia tecnológica del reino celebrada en Riad-, anunció inversiones en IA por casi 15.000 millones de dólares. El país también ha creado HUMAIN, una empresa respaldada por el PIF que desarrolla modelos en árabe y construye la infraestructura de centros de datos necesaria para darles soporte.
Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos han construido su propio ecosistema de IA en torno a G42, una empresa tecnológica respaldada por el estado, la plataforma de inversión soberana MGX y una alianza con Microsoft que, se espera, atraerá más de 15.000 millones de dólares en inversiones para finales de la década. Qatar, por su parte, también ha puesto en marcha una empresa nacional de IA, Qai, junto con una alianza de infraestructura de 20.000 millones de dólares con Brookfield.
El auge de la IA en el Golfo demuestra la rapidez con la que este tipo de inversiones pueden reducir la dependencia de los asesores externos por parte de los gobiernos. Durante años, los gobiernos del CCG han recurrido a consultores para satisfacer las exigencias de una transformación económica vertiginosa. La IA hoy ofrece una forma de incorporar parte de esa capacidad a nivel interno mediante sistemas entrenados con datos nacionales y alineados con las prioridades locales.
Este cambio, sin embargo, no se refiere a cómo los gobiernos prestan los servicios públicos o determinan qué ciudadanos tienen derecho a prestaciones -tareas que no pueden delegarse en manos de los algoritmos-. Se refiere, más bien, a lo que los expertos denominan “capacidad de análisis de políticas”: la capacidad de los gobiernos para identificar problemas en materia de políticas y evaluar las soluciones disponibles.
Es aquí donde las ventajas de la IA frente a la consultoría tradicional se hacen más evidentes. Las herramientas de IA bien diseñadas les permiten a los expertos del sector público analizar más datos y explorar más opciones de políticas a una fracción del costo.
En tanto los gobiernos internalizan más trabajo analítico, es probable que disminuya la necesidad de recurrir a fuentes externas. En ese sentido, la IA podría lograr el resultado deseado por Mazzucato -reforzar la capacidad analítica del estado-, pero mediante la potenciación de los recursos existentes, y no engrosando la plantilla.
Nada de esto sugiere que los gobiernos deban cederles la toma de decisiones a las máquinas. La capacidad de analizar y formular recomendaciones no es lo mismo que tomar decisiones discrecionales ante la incertidumbre. Los sistemas de IA pueden afianzar supuestos obsoletos con la misma facilidad con la que generan conocimientos nuevos, razón por la cual la mayoría de los marcos de gobernanza de la IA insisten en una supervisión humana significativa.
Sin embargo, las alternativas -recurrir a consultores o ampliar la burocracia- conllevan sus propios costos. La dependencia de los asesores puede erosionar la capacidad del estado, mientras que la contratación de más funcionarios públicos suele ser lenta, costosa y políticamente controvertida. La verdadera cuestión, pues, no es si la IA sustituirá a los expertos humanos, sino si puede permitirles operar a una escala que antes requería grandes burocracias o ejércitos de consultores.
Tal cambio transformaría de forma radical el sector de la consultoría. A medida que el trabajo analítico se abarate y se automatice cada vez más, las empresas cuyos ingresos dependen en gran medida de él perderán terreno. Las que prosperen serán aquellas que conviertan su experiencia en productos escalables, al tiempo que se centran en áreas en las que la confianza, el criterio y un profundo conocimiento institucional son esenciales.
Dado que las empresas de consultoría que prestan servicios a los gobiernos del CCG son las mismas que asesoran a clientes en Londres, Nueva York y Singapur, es poco probable que estos cambios se limiten únicamente al Golfo. En última instancia, la región podría resultar no tanto un caso atípico como un presagio de un mundo en el que los gobiernos ya no necesiten comprar lo que pueden crear por sí mismos.