En el siglo XX, la justicia en América pareció muy laxa en la persecución penal contra exmandatarios señalados de corrupción, acciones antidemocráticas o violaciones a los derechos humanos. En las últimas dos décadas la lista de perseguidos crece y no deja de crecer.
Colombia, Brasil se encuentran en medio de un franco alboroto político luego de fallos judiciales contra los expresidentes Álvaro Uribe y Jair Bolsonaro, el primero condenado por sobornar a testigos en un proceso judicial y el segundo enfrenta juicio por acciones antidemocráticas tras la elección que perdió en octubre de 2022.
En junio pasado fue la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner la que fue condenada por corrupción en obras públicas durante su administración. Su caso llegó a la Corte Suprema, la que confirmó la pena de seis años de prisión domiciliario y prohibición perpetua para participar en política.
Los tres casos tienen de común denominador que han creado una polarización en sus respectivos países, en donde las fuerzas de izquierda o derecha se consideran agraviadas injustamente, según sea la ideología del expresidente. En los tres casos los seguidores de los imputados y/o condenados dicen aireadamente que se trata de una persecución política, aunque muchas veces las pruebas dicen lo contrario.
En el siglo pasado fue gran noticia internacional el juicio al expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, condenado en 1994 por el delito de malversación. No quiere decir que no hubiera corrupción o acciones antidemocráticas. ¡Claro que las había!… y muchas, pero la justicia parecía adoptar entonces la postura de los tres monos sabios, es decir: no ver el mal, no oír del mal y no hablar sobre el mal. Dicho de otra manera, la justicia era parte de la impunidad imperante.
El nuevo siglo trajo un cambio profundo en este sentido. Tan es así, que es grande el número de exgobernantes que han sido alcanzados por el brazo de la justicia y el número de condenados no es poca cosa, lo que constituye un buen mensaje en la lucha por la transparencia a la hora de gobernar.
El mensaje ha sido claro. Esta es una lista de los expresidentes que han sido procesados y/o condenados por diversas causas, pero principalmente por corrupción, abuso de poder o violaciones a los derechos humanos: Augusto Pinochet (Chile), Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Menen (Argentina), Fernando Collor de Melo, Lula Da Silva y Jair Bolsonaro (Brasil), Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Kuczynski, Martin Vizcarra y Pedro Castillo (Perú), Abdalá Bucaram y Rafael Correa (Ecuador), Antonio Saca y Mauricio Funes (El Salvador), Alfonso Portillo, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina (Guatemala), Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares (Panamá), y Juan Orlando Hernández (Honduras).
Los casos de Uribe, Bolsonaro y Fernández de Kirchner han provocado gran agitación política en sus respectivos países.
En Colombia, el fallo ocurre a pocos meses de las elecciones y los ánimos se caldearon aún antes de que se conociera la sentencia, pues mientras que unos consideraban que las pruebas en contra de Uribe eran claras –testimonios con detalles de cómo se entregaron los sobornos– y ameritaban un castigo, los partidarios del expresidente –previendo lo que estaba por suceder– se anticiparon a decir que todo era “un montaje político” para desacreditar su movimiento. El país está ahora dividido entre la derecha que sigue a Uribe y la izquierda que respalda a Petro.
Si antes se escuchaban opiniones y discursos radicales de ambas fuerzas, ahora esto ha subido de tono y no es difícil anticipar una acalorada campaña electoral, llena de señalamientos, más que de propuestas.
En el caso de Bolsonaro, lo impactante ha sido la irrupción del presidente estadounidense Donald Trump, quien castigó a Brasil como país con aranceles, precisamente por considerar que el juicio que se le sigue es espurio. Además, EEUU sancionó con la Ley Magnitsky al juez que sigue el caso. Esta ley permite sanciones verdaderamente fuertes contra funcionarios o personas extranjeras.
Finalmente, en Argentina el izquierdista movimiento peronista sigue defendiendo a la expresidenta, a pesar de que en el juicio se presentaron pruebas contundentes sobre la corrupción y el proceso transitó por todas las instancias, hasta la Corte Suprema.
Todos los casos que se citan arriba fueron noticia internacional en su momento. El caso del guatemalteco Alfonso Portillo cobró notoriedad, porque fue acusado, extraditado y juzgado por un tribunal estadounidense, que tuvo pruebas de lavado de dinero procedente de un soborno que recibió de Taiwán. El expresidente se declaró culpable y cumplió una pena de cuatro años de cárcel y pudo evadir a la justicia de su país.
Otros expresidentes han sido también perseguidos por la justicia internacional, como es el caso del hondureño Orlando Hernández, acusado de narcotráfico y de usar recursos ilegales para su campaña electoral. Cumple una larga condena en Estados Unidos.
La buena noticia es que, aunque muchas veces la justicia se convierte en protectora de la corrupción –como sucede en Guatemala en la actualidad–, en la mayoría de países se persigue este cáncer que tanto empobrece a nuestros pueblos.