Cuando la democracia se pone en peligro por acciones de instituciones que rompen o intentan romper el ordenamiento constitucional e irrespetan la democracia, existe la Carta Democrática, adoptada en 2001 por la gran mayoría de países de las Américas, con excepción de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Entre los gobernantes mencionados en mi anterior columna titulada “Presidentes entrampados por instituciones”, incluí a Bernardo Arévalo de Guatemala, elegido democráticamente en 2023, en elecciones certificadas por numerosas misiones de observación enviadas por la ONU, OEA, la UE, así como organismos independientes a nivel nacional e internacional. La conclusión de todas fue la misma: las elecciones fueron transparentes.
A pesar de ello, la fiscalía inició desde aquel año una feroz “cacería de brujas” con el fin de demostrar el supuesto fraude electoral. La embestida ha sido brutal, al extremo de promover juicios retorcidos contra cuatro de los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Al no encontrar pruebas del fraude, han buscado otras vías, como la cancelación del partido oficial (Movimiento Semilla) y la persecución penal contra el propio mandatario y sus más cercanos colaboradores.
Al comprobar que la fiscal general, Consuelo Porras, intentaba removerlo del cargo por la vía judicial, denunció públicamente el “intento de golpe de Estado” e invocó la Carta Democrática de la OEA, como instrumento para que ese organismo se pronuncie y, eventualmente, tome cartas en el asunto.
La Carta Democrática Interamericana fue adoptada por ese organismo regional el 11 de septiembre de 2001, como un instrumento que contribuya a “promover y defender” la democracia, definida como el sistema político que va más allá de celebrar elecciones periódicamente. La Carta contempla que se deben respetar los derechos humanos, la separación de poderes, rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana.
La respuesta de la OEA fue la de convocar una reunión de Consejo Permanente –a solicitud de Guatemala–, en donde se escuchó la opinión de cada uno de los representantes de los países miembros. El resultado fue unánime y contundente: rechazo a cualquier intento de rompimiento del orden constitucional. Muchas críticas directas a Porras y el sistema cooptado de la justicia en Guatemala y respaldo al presidente Arévalo.
Pero el tema de este “Enfoque” no es únicamente sobre el caso de Guatemala. Se trata del uso y necesidad de hacer efectiva la Carta Democrática Interamericana.
El instrumento es amplio y profundo, aunque no siempre se invoca. En todo caso, si se concreta un rompimiento del orden constitucional –golpe de Estado–, el país en que ocurra puede ser excluido de la OEA. Si se trata de intentos o movimientos antidemocráticos, como es el caso actual de Guatemala, hay mecanismos para contribuir a que no haya rompimiento y se verifique lo que está sucediendo.
Ciertamente la fuerza coercitiva de la OEA puede no tener la contundencia deseada, pero sirve en muchos sentidos, como el mantener una voz crítica que desnude los intentos espurios de promover golpes o crear un clima de inestabilidad e ingobernabilidad por medio de la manipulación de instituciones, como pueden ser organismos legislativos o sistemas de justicia.
Muchos analistas han señalado que se trata de una “soft-law” (ley blanda), y puede que lo sea, pero tiene como virtud principal ser una especie de altoparlante, para exponer las crisis a nivel internacional y crear conciencia a lo interno. No es lo mismo que el presidente Arévalo haya dado un mensaje a la Nación denunciando el intento de golpe, que tener ahora la voz de todos los países de América –menos los tres mencionados–, dando un respaldo y señalando al o los culpables.
Otra cualidad es que, en el seno de la OEA, hay países y organismos internacionales en calidad de “observadores”. En el caso de Guatemala opinaron las representantes de España y de la Unión Europea (UE), ambas brindando un respaldo total a la administración de Arévalo ante el acoso que lleva a cabo la fiscalía.
Como se ha visto y lo demuestran los índices que miden la salud de la democracia en el mundo y en particular en América Latina, la situación es preocupante. La lista de los países que no alcanzan una calificación de 6 puntos sobre 10 posibles es larga: Paraguay, Perú México, Ecuador, Honduras El Salvador, Guatemala, Bolivia y Haití, tienen las peores calificaciones (en ese orden). Excluidos están, por supuesto, las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La Carta Democrática Interamericana no es una solución en sí misma. Es apenas un instrumento que debe recordar a pueblos y gobiernos la importancia de defender los principios democráticos. Si no se respetan las libertades, no hay Estado de derecho, se manipulan los procesos electorales y si los poderes del Estado no actúan de forma independiente uno de los otros… ¡la democracia se resquebraja!
La participación ciudadana debe ser activa. La ciudadanía debe velar por sus derechos y hacer que las instituciones funcionen para lo que han sido creadas.
El sistema de justicia debe velar por la democracia y el cumplimiento de las leyes… no existe para judicializar la política.