No son la causa, sino la consecuencia. La respuesta deformada, inveterada, del abandono legal y de la renuncia a las reglas cotidianas de convivencia. Deliberada o no, la inercia de la autoridad ha gestado, de forma pareja, un espacio de impunidad que roza lo innombrable. Los motoconchistas crecieron, en gran medida, junto al auge de la informalidad, del comercio sin reglas y de la retirada negligente del Estado. Medraron, desordenadamente y evadiendo toda disciplina regulatoria, entre el caos permanente y la permisividad. La mayoría no posee -según el propio órgano regulador, el INTRANT- documentación ni autorización para maniobrar un vehículo de manera elemental.
Constituyen, en términos generales, una horda sobreviviente que, movida por impulsos primarios, nos regresa a la ley de la selva: a la suerte del menos prudente y del más temerario. Dentro del laberinto citadino han impuesto, sin oposición ni contención legal, la lógica de quien desobedece con mayor lenidad las leyes de tránsito. Con sus cabriolas transgresoras se han erigido en dueños de las avenidas y señorío del desorden urbano.
Con una certeza que desarma, la periodista Mariela Mejía los calificó con rotunda perplejidad: “Los motoristas son el diablo.” Cabalgan sobre las aceras, violan la luz roja del semáforo, manejan en vía contraria y alteran todo lo medianamente regulado, con la anuencia risible y complaciente de la autoridad competente a su lado.
Generan intranquilidad, desasosiego y temor. Y ante el menor incidente -la mayoría de las veces originado por su imprudencia gregaria- aparece la aglomeración: el asedio ipso facto, la confrontación tribal. Más que solidaridad o empatía, cada agresión colectiva expresa la jerarquía de esa violencia social: el acto de la fuerza impune y la intimidación que busca, ante todo, provocar pavor. Así, bajo la fuerza numerosa del caos, “controlan” la situación. En medio de la ilegalidad su rúbrica envía un mensaje rencoroso: “un golpe a uno; un golpe a tó”. Al margen de quien sea el responsable, su grito de batalla revela la amenaza crucial de la zozobra grupal.
Responder como un solo cuerpo, dentro del alboroto, normaliza la anarquía y la barahúnda institucional. Configura un cuerpo social excluido, desordenado, inculto, voluminoso, estigmatizado. Desde luego, querámoslo o no, encarnan el resultado de un quebranto social cada vez más crónico y agravado.
Son producto de irresponsabilidades políticas e incapacidades históricas; vale decir, secuelas de un Estado permisivo y encubridor que, a la sombra del populismo, les concedió licencia para sobrevivir en la orfandad legal. Sin consecuencias jurídicas ni reparos ciudadanos, casi cuatro millones de personas -hombres, jóvenes- sin adscripción política ni ideológica y sin otra cultura que la subsistencia y la reacción maquinal…
Tres factores han decido esa suerte y, de paso, la mala fortuna de quienes, día tras día, deben lidiar con su intimidante presencia en nuestras calles: la baja escolaridad, la falta de regulación y la ausencia de autoridad. Así se les construyó una república aparte: desordenada, intolerante, con su propio código insolente y un virulento lenguaje.
La muerte de Deivy Quezada, humilde conductor de un camión recolector de basura en Santiago, destapó una indignación nacional. Evidenció los defectos irreparables de la crueldad y del salvajismo brutal. Lo que pudo ser evitable, terminó en varias estocadas alevosas y mortales.
El instinto colectivo expuso aquel tropel primitivo que, por más de 20 minutos de persecución espantosa, alcanzó al desdichado chofer. Gritando por su vida, sin ser socorrido ni escuchado, terminó desangrándose.
El video -grabado por un ciudadano tan impasible como glacial- nos pareció, desde el inicio, infame. Registra el testimonio visual de la atrocidad y de la agonía de un asesinato bestial, imperdonable, perpetrado por individuos que actuaron como una manada incontrolable.
El gobierno debe imponer -sí, imponer- el orden y recuperar el sentido de la ley. Documentar y regularizar cada motor y cada conductor. Consensuar, dentro de lo posible y con ellos, la creación de una cooperativa nacional, bajo control mixto y tutela oficial…Esto tiene que cambiar.