Briana Genao Rosario no es solo un caso que ha consternado profundamente al país; su desaparición es un hecho que sacude conciencias, despierta indignación colectiva y vuelve a dejar al descubierto las graves fallas estructurales de un sistema que frente a la urgencia humana, continúa respondiendo tarde, mal o, en el peor de los casos, no responde.
La ausencia de un protocolo de búsqueda inmediata, la falta de activación de alertas tempranas y la inexistencia de campañas permanentes de sensibilización y prevención evidencian la precariedad institucional con la que se enfrenta un problema tan delicado como la desaparición de personas, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.
No podemos seguir permitiéndonos que estos casos se repitan una y otra vez, como si fueran hechos aislados o inevitables. Desde el 25 de junio de 2015, cuando desapareció la niña Carla Massiel, de 10 años, en Pedro Brand y cuyo caso fue un trágico desenlace, uno de los más horrendos que ha vivido el país, esto debió marcar un antes y un después impulsando la aprobación de una ley especial de búsqueda inmediata de menores desaparecidos.
A esta tragedia se sumó la desaparición de Emely Peguero, de 16 años, ocurrida el 23 de agosto de 2017, un caso que estremeció profundamente a toda la sociedad dominicana. Tras varios días de angustiosa búsqueda, este hecho volvió a confirmar las graves debilidades del Estado en materia de prevención, reacción y protección, especialmente cuando se trata de menores de edad.
Años después, la historia volvió a repetirse. En febrero de 2024, el niño Rafael Castro Terrero, de apenas cinco años, desapareció de manera misteriosa luego de que su madre saliera brevemente a un colmado y lo dejara cenando en su vivienda. Días más tarde, su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición en el sector Las Casitas, del distrito municipal de San Luis, en Santo Domingo Este, confirmando una vez más que la falta de respuestas oportunas también mata.
La lista, lamentablemente, no se detuvo ahí. Aún se desconoce el paradero de menores como Kendry Alcántara, Luis Ángel González, Andy de Jesús Martínez, de 11 años, desaparecido desde el 28 de agosto en el sector Los Frailes II, en Santo Domingo Este, y más recientemente Roldanys Calderón, de apenas 3 años, desaparecido en Jarabacoa en marzo de 2025. Cada nombre es una herida abierta, una familia destrozada y una sociedad que sigue esperando respuestas.
Aunque en el país existen instituciones como la Policía Nacional y el Ministerio Público, que cuentan con unidades destinadas a personas desaparecidas, la realidad es que no existe un sistema nacional de alertas, ni mecanismos de búsqueda rápidos, coordinados y efectivos. Más grave aún, la República Dominicana carece de una ley integral sobre personas desaparecidas, lo que deja un vacío legal que ralentiza la acción estatal y reduce dramáticamente las posibilidades de encontrar con vida a las víctimas.
Las desapariciones no pueden seguir siendo tratadas con improvisación, burocracia o indiferencia. Cada minuto cuenta. Cada hora de retraso puede significar una vida perdida. El país necesita con urgencia una política pública clara, una legislación robusta y un sistema de respuesta inmediata, que priorice la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Porque cuando el Estado falla, no solo desaparecen personas. También desaparece la confianza, la seguridad y el derecho a vivir sin miedo.