¿Quién financia los organismos de vigilancia fiscal?

En 2021, el ministro de Finanzas de Zimbabue, Mthuli Ncube, provocó un escándalo cuando otorgó garantías por más de 15 millones de dólares para préstamos privados concedidos por el Commercial Bank of Zimbabwe sin solicitar la aprobación del Parlamento. Fue un ejemplo particularmente flagrante de una práctica lamentablemente común en Zimbabue: comprometer recursos del Estado en proyectos no esenciales que no ofrecen ningún beneficio público. Algunos de estos préstamos inevitablemente quedaron impagados, lo que obligó a los contribuyentes a asumir las pérdidas. En abril de 2022, la Coalición de Zimbabue sobre Deuda y Desarrollo (Zimbabwe Coalition on Debt and Development), que yo dirigía en ese momento, junto con otros tres codemandantes, presentó una petición ante el Tribunal Superior de Zimbabue para que declarara que el Parlamento debe aprobar los préstamos públicos antes de que se contraigan. En marzo de 2023, el Tribunal ordenó al Gobierno publicar en el diario oficial, en un plazo de 12 meses, un proyecto de ley que estableciera el papel del Parlamento en la aprobación de préstamos y garantías, así como el procedimiento para ratificarlos o rechazarlos. Esta victoria solo fue posible gracias a una subvención. La Iniciativa de Sociedad Abierta para África Austral (Open Society Initiative for Southern Africa), una fundación regional, financió durante un ciclo de tres años a los abogados externos que defendieron el caso, así como a nuestros investigadores. Cuando terminó ese ciclo, también desapareció la capacidad de librar estas batallas legales. Este modelo de financiación de la rendición de cuentas pública en los países en desarrollo mediante subvenciones ha comenzado a colapsar. La ayuda de los donantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cayó un 23.1 % en términos reales en 2025, el mayor descenso anual jamás registrado. Al mismo tiempo, los Gobiernos están endureciendo los requisitos para registrar organizaciones de la sociedad civil y limitando cuáles de ellas pueden recibir financiación del extranjero. La Ley de Enmienda de las Organizaciones Voluntarias Privadas de Zimbabue, promulgada en abril de 2025, permite a las autoridades cancelar el registro de organizaciones de la sociedad civil y confiscar sus activos sin supervisión judicial. La Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador, aprobada apenas un mes después, impuso un impuesto del 30 % a toda financiación extranjera. El debilitamiento de la participación de la sociedad civil tendrá consecuencias generalizadas, sobre todo porque todas las propuestas para hacer que las finanzas mundiales sean más sostenibles y equitativas dependen de ciudadanos capaces de leer un análisis de sostenibilidad de la deuda y obligar a un ministro a rendir cuentas al respecto. El Compromiso de Sevilla, adoptado el año pasado durante la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, insta a reforzar la supervisión parlamentaria de la deuda, las instituciones independientes de auditoría y el papel de la sociedad civil en la denuncia de los flujos financieros ilícitos. Sin embargo, nadie ha dicho quién pagará ese trabajo. La respuesta podría encontrarse en dos tipos de instrumentos internacionales: los acuerdos para recuperar activos robados y los mecanismos de tratamiento de la deuda soberana. Ambos podrían incluir una cláusula que obligue a destinar una proporción fija de los fondos —un 5 % sería un punto de partida justificable— a financiar la supervisión independiente de las finanzas públicas del país receptor. El dinero estaría protegido de la interferencia del poder ejecutivo, sujeto a auditorías públicas y garantizado durante toda la vigencia del programa. Esto ya se ha hecho en acuerdos para la devolución de activos. En diciembre de 2017, Suiza repatrió aproximadamente 321 millones de dólares robados por el expresidente nigeriano Sani Abacha, en virtud de un acuerdo que contemplaba la supervisión del Banco Mundial y la vigilancia de la sociedad civil sobre el uso de los fondos. Ese mismo año, el Reino Unido, Estados Unidos y cuatro países participantes —Nigeria, Sri Lanka, Túnez y Ucrania— adoptaron los principios del Foro Global sobre Recuperación de Activos (GFAR, por sus siglas en inglés), mediante los cuales los Gobiernos que devuelven o reciben activos se comprometen con la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, hasta la fecha, esta supervisión se ha considerado una concesión voluntaria, que depende de la discreción del Gobierno que tenga en su poder los fondos robados. El Compromiso de Sevilla propone poner a prueba nuevos enfoques para la devolución de activos, incluida una cláusula en estos acuerdos que establezca que un tercero supervise el desembolso de los fondos destinados a la vigilancia, con el fin de impedir que el Gobierno receptor manipule el proceso. Los mecanismos de tratamiento de la deuda, negociados en comités de acreedores y foros multilaterales, podrían adoptar un enfoque similar: canalizar una proporción fija de los ahorros obtenidos en el servicio de la deuda hacia un fondo de gestión independiente que respalde la supervisión de las finanzas públicas. Las subvenciones se concederían mediante procesos competitivos, se publicarían en una base de datos y serían auditadas externamente conforme a criterios establecidos en el acuerdo de reestructuración. Los acreedores ya han aceptado condiciones similares para otras categorías de gasto. En 1998, Uganda reservó los ahorros derivados del alivio de su deuda en el marco de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados, destinándolos a programas de lucha contra la pobreza. En 2023, Ecuador completó un canje de deuda por naturaleza en el que una parte de los intereses del nuevo préstamo financia aportes de aproximadamente 12 millones de dólares anuales durante 18.5 años a un fondo para la conservación de las islas Galápagos, administrado por una junta integrada por representantes del Gobierno, el mundo académico y el sector empresarial. Un Gobierno que contrae deuda nunca se ofrecerá voluntariamente a financiar a quienes lo auditan. Pero, cuando esa obligación se incorpora a estos acuerdos, los fondos sobreviven al siguiente presupuesto o ciclo electoral. Además, permiten a los acreedores conocer mejor las prácticas de divulgación de información del prestatario. La supervisión es el seguro más barato de las finanzas soberanas. Un grupo de economistas que analizó las revelaciones de deuda no declarada en 154 países durante el último siglo descubrió que casi la mitad de todos los impagos soberanos coincidieron con importantes revisiones al alza de la deuda pública declarada. La deuda oculta se acumula en los buenos tiempos y sale a la luz en los malos, cuando alguien finalmente examina las cuentas. Si la supervisión pública cuenta con una financiación adecuada, el escrutinio externo comienza mucho antes de que se produzca un impago y puede abrir el camino a las reformas.