Por muchos años se ha advertido de la baja movilidad social de América Latina, producto de la grave desigualdad social que se experimenta en todo el subcontinente. Es una realidad que se agrava en la República Dominicana, que a pesar de tener un crecimiento económico sostenido por medio siglo, con contadas excepciones, no ha experimentado una movilidad social que permita superar las graves brechas sociales que aún persisten, lo que lleva al cuestionamiento por parte de la sociedad sobre la distribución de los ingresos.
No hay dudas de que la capacidad de los individuos para mejorar su posición socioeconómica en relación con la de sus padres, es un indicador crucial del desarrollo y equidad de una sociedad. Pero lo cierto es que persiste una transmisión generacional de las desigualdades de padres a hijos. En consecuencia, abordar este problema es imperativo para asegurar un futuro más justo y próspero.
La desigualdad constituye una herencia perversa en América Latina. Según recientes estudios de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), la concentración de ingresos y riqueza es extrema: el 10% más rico posee el 55% de los ingresos y el 77% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre apenas accede al 10% de los ingresos y al 1% de la riqueza. Esta disparidad no solo es injusta, sino que también limita las oportunidades de movilidad social, creando un círculo vicioso de pobreza y exclusión.
La pregunta es qué hacer para romper el círculo vicioso de la inamovilidad social que genera una trampa para los países de la región.
Es fundamental mejorar la cobertura, calidad y relevancia de la educación en todos los niveles, especialmente en la educación inicial, técnica y superior, lo que permitirá que más personas puedan acceder a mejores oportunidades laborales y romper el ciclo de pobreza. Hay que implementar sistemas de protección social universales, redistributivos y fiscalmente sostenibles para asegurar que todos los ciudadanos tengan una red de seguridad básica que les permita superar situaciones de crisis y mejorar su calidad de vida.
Es necesario implementar políticas que reduzcan las desigualdades entre regiones y áreas urbanas, mejorando la infraestructura urbana y los servicios básicos como educación, salud y seguridad pública. Y también hay que regular la financiación de campañas políticas puede ayudar a equilibrar la distribución del poder. Además, fortalecer los sistemas de justicia locales y expandir la atención a las víctimas de violencia contribuirá a reducir la violencia y sus efectos negativos en la sociedad .
En todos estos temas, la República Dominicana estaba bien encaminada y con una visión clara hacia el futuro. Sin embargo, para enfrentar la baja movilidad social se requiere un enfoque integral y la cooperación de múltiples actores, tanto del sector público como privado. Solo a través de políticas educativas inclusivas, sistemas de protección social universales y la regulación del poder y la disminución de la violencia, podremos avanzar hacia una sociedad más equitativa y próspera. Es imperativo actuar ahora para garantizar que las futuras generaciones tengan mejores oportunidades y puedan vivir en una región donde la movilidad social no sea un privilegio, sino un derecho.